Un nuevo informe de AI reveló las condiciones de Chile desde el estallido social hasta la pandemia del Covid-19 a nivel mundial.

Para el caso de nuestro país, «las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por causa de la pandemia de COVID-19, pero las que sí se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de lesiones graves. El gobierno hizo uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal. La pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes vivían en situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de
salud, así como al personal sanitario del sector público»

Y sigue, «las manifestaciones masivas continuaron en los primeros meses del año, pero cesaron en buena medida en cumplimiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19. El gobierno declaró en marzo el “estado de catástrofe” debido a la pandemia y lo extendió hasta diciembre. Esta disposición imponía restricciones a la libertad de circulación y un toque de queda nocturno. Chile fue uno de los 10 países del mundo con mayor número de muertes por millón de habitantes causadas por la COVID-19, que afectaron en su mayor parte a la población más pobre y a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Chile no se adhirió al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). En octubre, el país celebró un referéndum y aprobó un proceso para redactar una nueva Constitución».

Respecto del uso excesivo de la fuerza el informe es lapidario: «Las manifestaciones masivas continuaron desde enero hasta mediados de marzo, con múltiples incidentes nuevos de uso excesivo de la fuerza. Se presentaron al menos dos nuevas demandas penales por presuntos
crímenes de lesa humanidad contra el presidente Piñera y otros altos cargos. Al concluir el año, la Fiscalía Regional de Valparaíso llevaba a cabo la investigación de esas demandas junto con la de otras presentadas en 2019. El Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones masivas de 2019. En agosto, la Fiscalía General presentó formalmente cargos contra los policías acusados en casos como los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, casi un año después de que se produjeran los hechos respectivos en los que ambos quedaron ciegos. Las investigaciones llevadas a cabo por los Carabineros (policía nacional) y las sanciones administrativas impuestas por este cuerpo eran lentas e ineficaces, a menudo basadas en infracciones administrativas menos graves y no en violaciones de derechos humanos.
Los organizadores de los comedores populares (conocidos como “ollas comunes”) establecidos para abordar el hambre generalizada afirmaron que la policía había recurrido al uso excesivo de la fuerza para
intentar clausurarlos.
En marzo, Jonathan Reyes murió de un disparo en el pecho efectuado por la policía durante el toque de queda. El agente involucrado alegó que había actuado en defensa propia, pero grabaciones de vídeo mostraron que no había una amenaza clara cuando se hizo el disparo.
Las protestas aumentaron a medida que se atenuaron las medidas para contener la COVID-19. En octubre, un manifestante de 16 años sufrió lesiones graves al caer al canal de cemento del río Mapocho desde un
puente de la ciudad de Santiago después de haber sido empujado por un policía. Se formularon cargos contra un policía y la fiscalía presentó pruebas de que los agentes policiales no habían intentado ayudar al joven
herido. Seguían pendientes de aplicación las recomendaciones formuladas por varias comisiones para la reforma de la policía que el gobierno y el Congreso habían creado en noviembre de 2019. Al finalizar el año estaba
pendiente de debate en el Congreso un proyecto de ley para “modernizar” la policía, con un enfoque limitado a procedimientos de control más estrictos».

El informe lo pueden ver aquí