Luego de ser aprobada en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, el Ministerio de Hacienda ha iniciado fuerte presión política para obstaculizar los cambios ya zanjados, argumentando que restan certeza a las inversiones privadas.

Aunque dicha instancia debía comenzar a revisar el proyecto la semana pasada, la sesión fue postergada.  Se trata de un alto en una discusión que se prevé compleja para los intentos por avanzar hacia una reforma a la institucionalidad hídrica basada en el interés común, el cuidado de  las fuentes  de agua dulce y la protección de las actividades de subsistencia.

Desde la sociedad civil se plantea que la tramitación del proyecto de reforma ha permitido relevar al agua como un bien público y un derecho humano, reduciendo en parte el carácter mercantil y propietarista que tiene en la legislación vigente. “Es prioritario que se comprenda que esta iniciativa es fundamental para terminar con el agotamiento de las cuencas y los acuíferos subterráneos, y también con la especulación, dando así prioridad al consumo humano y el equilibrio de los ecosistemas” expresó al respecto Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Agregó que “por cierto queríamos cambios mas profundos, pero entendiendo las lógicas legislativas creemos que lo que ya se ha aprobado es muy valorable”.

En este sentido y ante las intervenciones del ministro de Hacienda, parlamentarios y ciudadanos ven el riesgo de que se desmantelen algunas reformas al código, tales como las referidas al caudal ecológico y la duración de las concesiones.

En el caso de lo primero, el texto aprobado al día de hoy señala que esta figura se  aplicará a los nuevos derechos de aprovechamiento y excepcionalmente “respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes, en aquellas áreas en que el Ministerio del Medioambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que la sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir grave deterioro o esté siendo afectada. Dicho informe podrá ser solicitado de oficio por la Dirección General de Aguas”.

La exigencia de ciudadanos y parlamentarios es que el Ejecutivo honre su palabra comprometida y no la incumpla bajo el pretexto del crecimiento económico.  La voluntad real del gobierno comenzará a verse cuando a principios de agosto la Comisión de Hacienda retome la discusión sobre el Código de Aguas.

Desde las propias filas de la Nueva Mayoría esta directriz ha suscitado una importante molestia.

Es el caso del diputado socialista Daniel Melo, quien criticó esta orientación señalando que “las intervenciones del ministro de Hacienda respecto a que este tipo de proyectos representarían algún obstáculo para la reactivación económica resultan más preocupantes pues aparecen en una ‘indeseada cercanía’ con las demandas del empresariado en la materia, especialmente el vinculado al extractivismo de recursos naturales”.

Más aún, indicó que “no es una buena señal que el ministro Valdés aparezca respaldando a quienes proclaman recetas milagrosas para recuperar el crecimiento, cuando lo que en realidad buscan es seguir acumulando ganancias en mercados desregulados”. Sobre las iniciativas de carácter social y ambiental, como el Código de Aguas, expresó que “es de suma importancia que se cumpla la palabra de la Presidenta Bachelet en materia ambiental toda vez que se trata de decisiones país y de alcance global, las cuales no pueden verse postergadas por una mera coyuntura económica”.

En la misma dirección apuntan las recomendaciones de la OECD, dadas a conocer el pasado 21 de julio, que en su Evaluación sobre el Desempeño Ambiental de Chile señala que “desde la adopción del Código de Aguas en 1981 la asignación y el uso de los recursos hídricos se basan en un sistema de derechos negociables donde una reglamentación y transparencia insuficientes se han traducido en asignaciones excesivas y una extrema concentración de los derechos, la sobreexplotación de algunos acuíferos, escasez de agua potable en zonas rurales y conflictos entre los usuarios”.