Cerca de 477 mil solicitudes de acceso a la información y 333 sumarios instruidos entre 2009 y junio de este año, son parte de las cifras históricas dadas a conocer por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en el marco de la conmemoración de los 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia este mes de agosto.

En el caso de las entidades sumariadas entre 2009 y 2018, algunas de ellas concentran varias denuncias, destacando en este ranking los municipios con un 71%, seguidos por las corporaciones municipales con un 18%, y los hospitales con un 2%. De estos procesos, 288 han terminado con multas que variaron entre un 20% y un 40% del sueldo del funcionario implicado.

En palabras del presidente del CPLT, Marcelo Drago, estas estadísticas “sirven para que las instituciones puedan mirarse y reflexionar sobre cómo están abordando la política pública, denota –además- el crecimiento de las mismas y dónde podrían introducir mejores prácticas”.

Cabe destacar que el Consejo para la Transparencia desarrolla con los municipios a nivel nacional la implementación del Modelo de Gestión en Transparencia Municipal [MGTM], junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). El plan busca, entre otros objetivos, elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en estas entidades, además de focalizarse en el incremento de la participación ciudadana en la evaluación de la gestión a nivel local.

“Tenemos la certeza que instalando una cultura de la transparencia en el país cada vez más tendremos una mejor disposición de los servicios públicos a la hora de entregar la información requerida”, subrayó Drago.

Las 476 mil 699 solicitudes de información requeridas a través del portal dispuesto para estos fines, representan para el presidente del CPLT parte de los resultados de un proceso educativo exitoso en materia de acceso a la información que manejan las entidades públicas, las que se ven cada vez más requeridas por la ciudadanía.

“A 10 años de la Ley de Transparencia hemos avanzado en  la tarea de difundir que la información pública le pertenece a los chilenos y a las chilenas y no a las autoridades, cumpliendo con la misión de empoderar a la ciudadanía en el cumplimiento de su rol de control social”, concluyó el Presidente del CPLT.

En el caso de los organismos multados, el Consejo para la Transparencia ha recaudado en 2018 poco más de 125 millones de pesos, recursos que han sido remitidos a la Tesorería General de la República.