En La Araucanía son treinta y uno los candidatos que se presentan a las Elecciones del próximo 7 de mayo. Uno de ellos es el Doctor en Derecho Constitucional, Raúl Allard, profesor asociado de la Universidad de La Frontera, quien durante el 2022 se desempeñó como Delegado Presidencial en la región.

En este cargo le correspondió crear el Consejo Regional de Combate contra el Crimen Organizado para atender urgencias como la Incautación de Armas, Seguridad Agroalimentaria, y Robo de Madera en la zona. Siendo ahora el D-20 en la papeleta, ha destacado por sumar a la campaña un bus que informa sobre el proceso en que se eligen cincuenta consejeros a nivel nacional, de los cuales cinco serán de nuestra región.

Allard cuenta con experiencia previa en Salud Pública, Cultura, Gobierno y Seguridad. Hoy suena como uno de los candidatos fuertes del bloque centro-izquierda representando al Partido Socialista.

Si bien el crimen organizado es un fenómeno global, vemos que en Chile las cifras indican efectivamente aumentos más allá de la percepción ¿de qué forma el cambio constitucional puede contribuir a solucionar esto?

Algo que yo comparto cuando hago clases en la Ufro es que, en los países democráticos, le corresponde al Estado detentar el monopolio de la fuerza organizada. Recordemos que luego del triunfo de la opción ‘Rechazo’, las principales fuerzas políticas del país desde la UDI a la izquierda lograron acordar doce bases institucionales y fundamentales. Estas fueron incorporadas a la Constitución actual (Artículo 154).

Por lo tanto, el proyecto de nueva Constitución no parte de cero en seguridad. Se establece la subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas de Orden y Seguridad; con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (N°10). Se suma la consagración, como mínimo de cuatro Estados de Excepción Constitucional: Asamblea, Sitio, Catástrofe y Emergencia (N°11). Y quedó definido que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos (N°3) y en mi concepto, le corresponderá al parlamento, a través de la ley, determinar las conductas típicas, antijurídicas y culpables; y las sanciones correspondientes en este ámbito.

La Encuesta Data Influye, publicada en abril 2023, da cuenta que un 62% de la población considera urgente un ‘acuerdo nacional contra la delincuencia’, ¿qué opina usted?

A mí me asiste la convicción que el crimen organizado se combate desde la Constitución. En ella debe contemplarse que las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, nuestras policías, cuenten con los recursos institucionales, humanos, financieros y tecnológicos adecuados para enfrentarlo. Una norma de estas características constituye el paraguas perfecto para brindar las mejores condiciones de desarrollo a programas de seguridad como Calles Sin Violencia. Este Plan fue anunciado recientemente para Temuco, cuya inclusión junto a otras capitales regionales fue propiciada gracias a la gestión del alcalde Roberto Neira. 

Además de la Seguridad Pública, ¿qué otros temas debieran ser priorizados en este nuevo Proceso Constitucional?

En concreto debemos resolver cómo el Estado va a administrar y crear soluciones progresivas en áreas sensibles para la convivencia. Nuestra candidatura considera prioritarias la Salud, Pensiones, Educación y Vivienda propia. Estos temas afloran continuamente en las conversaciones con las juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, centros comunitarios, a lo largo y ancho de nuestra región. Es necesario corregir los desequilibrios de la Constitución actual y pasar a una nueva que permita un mayor rol del Estado, sin que ello se considere una discriminación arbitraria en contra de las Isapres, AFP, Holdings empresariales. Para esto el modelo constitucional más adecuado es el Estado Social y Democrático de Derecho, también fijado como base (N°5), lo que busca equilibrar la iniciativa privada con un mayor rol del Estado en áreas sociales relevantes.

Mencionas que la actual Constitución contiene ‘desequilibrios’, ¿cuáles son estos y cómo afectan en concreto a la vida de las personas?

Es muy importante comprender que estamos hablando de asuntos que determinan la vida cotidiana de cada chilena y chileno. Aspectos fundantes de la institucionalidad actual, fueron fijados con posterioridad al golpe militar y previo a la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Las que más han afectado a las personas, son las reformas estructurales autoritarias en Salud y Pensiones. Por ejemplo, en 1979 la Junta Militar estableció el Decreto Ley N° 2.763 que habilitó el sistema mixto de salud, y esto luego derivó en la creación de las ISAPRES.

Pero no significó continuar el fortalecimiento de la Salud Pública, tal como se venía haciendo de manera precursora desde 1952. Hoy el sistema incentiva las prestaciones privadas, siendo que 15 millones se atienden por el Fondo Nacional de Salud (80% de la población). Yo me atiendo en FONASA ‘D’, pero la regulación en Chile está construida para que una persona con un tipo de sueldo como el mío tenga mejores condiciones y beneficios en el seguro privado de las Isapres, que en el seguro público que es de carácter solidario. Según mis convicciones esto es un contrasentido. Debemos avanzar hacia un Plan Universal de Salud.

¿Y qué ‘desequilibrios’ se debieran atender específicamente en nuestra región?

La actual Constitución mantiene el Decreto Ley 701 dictado en 1974, que es una Ley de fomento a la plantación forestal con la cual se determinaron beneficios tributarios a este tipo de industria. Esto debilitó una serie de vocaciones productivas, favorece el monocultivo, aceleró la sequía, y hoy vemos las consecuencias. Considerar que entre las bases fundamentales que guían este proceso se encuentra el cuidado y protección de la naturaleza (artículo 154 N°12). Esto nos obliga como sociedad a hacernos cargo del sitio en que habitamos, y de las condiciones actuales como el calentamiento global y el cambio climático. También establece el reconocimiento de los Pueblos Originarios (N°4), lo cual es especialmente relevante para nuestra región y el pueblo Mapuche.