La política es un marco que tiene por objetivo articular las acciones necesarias para incorporar «la perspectiva de género y derechos humanos en todo el quehacer del Poder Judicial, lo que implica que el servicio que presta la institución en todos sus ámbitos, fases y niveles, tome en consideración la distinta situación que experimentan las personas y los distintos papeles que éstas desempeñan, cualquiera sea su sexo, edad u otra condición, en una sociedad, a efectos de identificar las brechas y no perpetuar, con su accionar, desigualdades y discriminaciones existentes que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia».

El documento aprobado reconoce dos ámbitos de aplicación estrechamente relacionados: uno interno, que engloba todas aquellas acciones tendientes a promover el disfrute de espacios de trabajo igualitarios y libres de violencia y discriminación por parte de quienes integran el Poder Judicial; y otro externo, referido al desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia.

Asimismo, se orienta en base a cinco principios rectores y cuatro ejes estratégicos: igualdad, no discriminación de género, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia de género y participación e inclusión, y hace suyos los valores del Plan Estratégico 2015-2020 del Poder Judicial.

El organismo a cargo de promover la implementación de esta política y evaluar y monitorear el cumplimiento de sus objetivos, será la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, aprobada por el Pleno de la Corte Suprema en 2016 y que comenzó a prestar funciones en julio del 2017.

Historia 

Esta decisión del Pleno se da exactamente a tres años de la primera iniciativa del Poder Judicial en esta materia, cuando la Corte Suprema aprobó el 2 de  febrero de 2015 una propuesta de trabajo, presentada por la ministra encargada de los asuntos de género, Andrea Muñoz, que contemplaba una serie de acciones a corto y mediano plazo, destinadas a incorporar la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial chileno.  El instrumento consideró el primer «Estudio diagnóstico de la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial Chileno» y  la realización de acciones específicas en materia de capacitación, sensibilización y difusión.

En este proceso de construcción colectiva se realizaron talleres en cada una de las diecisiete Cortes de Apelaciones del país, así como acciones con actores relevantes vinculados al quehacer judicial.  El proceso fue acompañado por un análisis exhaustivo de la normativa nacional e internacional en la materia, con miras a determinar las obligaciones en materia de igualdad. Asimismo se examinaron los avances en la Cumbre Judicial Iberoamericana y las políticas elaboradas por otros Poderes Judiciales de la región.