Santo Domingo – Una marcada disminución en la presencia de ciudadanos haitianos se ha observado en los hospitales de Santo Domingo, especialmente en las áreas de maternidad, desde la implementación de nuevas exigencias de documentación en los centros de salud públicos el pasado lunes. Esta medida forma parte de un conjunto de acciones gubernamentales destinadas a controlar la inmigración irregular proveniente de Haití.

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el principal centro de maternidad del país ubicado en la capital, personal del área de consultas confirmó a la agencia EFE una notable reducción en la asistencia de mujeres haitianas. Si bien evitaron emitir juicios de valor, se limitaron a señalar su compromiso con la prestación de servicios médicos. Esta observación fue corroborada por una médica del hospital y un miembro de las fuerzas del orden presentes en la recepción, donde también se encuentran representantes de la Dirección General de Migración (DGM).

En las afueras del hospital, un autobús escolar amarillo permanece estacionado con el propósito de trasladar a aquellas pacientes que no posean la documentación requerida al centro de recepción de migrantes de Haina, situado a unos 20 kilómetros de Santo Domingo. En este lugar, se lleva a cabo el registro de datos biométricos y huellas dactilares para su eventual deportación. La DGM ha insistido en que estas repatriaciones se efectúan únicamente tras confirmar que la salud de las pacientes no corre peligro.

Un caso particularmente preocupante es el de una adolescente de 14 años y con 23 semanas de embarazo, quien, a pesar de presentar su certificado de nacimiento dominicano, fue retenida en el autobús. La joven relató a EFE que, tras entregar su documentación al llegar al hospital, se le indicó que debía esperar para ser ingresada al sistema y posteriormente fue trasladada al vehículo de migración. Su madre intentó sin éxito interceder presentando nuevamente el certificado de nacimiento. Finalmente, el autobús partió con la adolescente y otra joven embarazada que tampoco presentó documentos, acompañada de su madre.

Esta polémica medida, anunciada hace dos semanas por el presidente Luis Abinader, implica la verificación migratoria en 33 hospitales públicos del país. Se exige a los pacientes una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio, así como la cobertura de los costos de los servicios recibidos. En caso de incumplimiento, se procederá a la atención médica y, tras la recuperación, a la deportación. El primer día de su implementación, 87 mujeres embarazadas y parturientas de nacionalidad haitiana fueron detenidas en hospitales dominicanos.

Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) ha instado al gobierno dominicano a detener de inmediato las expulsiones colectivas de haitianos y a derogar el protocolo que vincula el acceso a la salud con la deportación. Ana Piquer, directora de AI para las Américas, expresó en un comunicado que este sistema no solo vulnera el derecho a la salud, sino que también deshumaniza a las personas indocumentadas y probablemente las disuadirá de buscar atención médica, poniendo en riesgo sus vidas.

Cabe recordar que en abril, el presidente Abinader recomendó a los miles de haitianos indocumentados en el país a «marcharse voluntariamente», advirtiendo que de lo contrario serían «buscados y repatriados». Desde octubre pasado, se ha implementado una política de deportaciones masivas, afectando principalmente a ciudadanos haitianos, con cifras oficiales que superan los 180.000 deportados a Haití, a pesar de los llamados de organizaciones internacionales a detener estas devoluciones a un país azotado por la violencia, donde más de 5.600 personas perdieron la vida en 2024.