La Ley 21.484, conocida como la Ley de Pago Efectivo de Deuda de Alimentos, ha cumplido 19 meses desde su implementación, y ha mostrado avances significativos y desafíos importantes en su aplicación. Esta normativa, impulsada por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer, busca garantizar el cobro efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas, facultando a los tribunales para investigar el patrimonio de los deudores en cuentas bancarias, ahorros previsionales voluntarios e instrumentos financieros.

Avances Significativos

Desde su entrada en vigencia, los tribunales de familia han ordenado el pago de más de 1 billón 360 mil millones de pesos, de los cuales se han pagado más de 588.275 millones. Este incremento en los pagos se debe en parte a la inyección de recursos contemplados en la ley de presupuesto 2024, que ha mejorado los sistemas informáticos y facilitado el cruce de datos entre el registro de deudores de pensiones de alimentos y el registro social de hogares.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destacó que más del 37% de los deudores registrados han pagado sus deudas o han llegado a acuerdos de pago ante los tribunales. Además, se ha implementado un programa piloto de acceso a la justicia para mujeres demandantes de pensiones de alimentos en la Región Metropolitana, que ha superado las metas de orientación, información y representación judicial.

Desafíos Persistentes

A pesar de los avances, la ley enfrenta desafíos importantes. La jueza Paz Pérez del Tercer Juzgado de Familia de Santiago señaló la necesidad de mejorar la recopilación de información estadística con perspectiva de infancia y género para evaluar la efectividad de los medios compulsivos de apremio. Además, se ha identificado la necesidad de introducir modificaciones legislativas para asegurar el cumplimiento de las pensiones de alimentos desde una perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de igualdad en las responsabilidades familiares.

El senador Gustavo Sanhueza propuso que las personas con deudas de pensiones de alimentos no puedan acceder a cargos públicos, mientras que la senadora Claudia Pascual subrayó la importancia de cambiar la cultura del no pago y fomentar una responsabilidad compartida en el país.

En resumen, la Ley de Pago Efectivo de Deuda de Alimentos ha logrado avances significativos en la recuperación de deudas y la protección de los derechos de los niños y adolescentes, pero aún enfrenta desafíos que requieren atención y mejoras continuas para asegurar su efectividad y justicia.