Con 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre ambas ramas del Congreso respecto de la Ley Antiterrorista, la cual tiene como objetivo actualizar el marco legal en torno a los delitos terroristas. La ley abarca la posibilidad de solicitar el cambio de jurisdicción en casos excepcionales de alta complejidad, cuando se estime esencial para el éxito de la investigación, siempre que no se vulneren los derechos de defensa del imputado.

Otro aspecto relevante de la ley es la autorización para interceptar comunicaciones, con el uso de tecnologías avanzadas como el IMSI catcher, en delitos como el terrorismo, la asociación ilícita, y aquellos relacionados con drogas y control de armas. Esta medida tiene como objetivo obtener metadatos como la ubicación y la identificación de dispositivos implicados en las investigaciones. Sin embargo, se establece que los datos obtenidos que no sean pertinentes para la investigación deben ser eliminados dentro de un plazo determinado.

La ley también establece un control judicial estricto sobre la aplicación de estas medidas, con la Fiscalia Nacional encargada de supervisar el almacenamiento y destrucción segura de los registros. Adicionalmente, cada año se entregará un informe a las comisiones de Seguridad Pública del Senado y la Cámara de Diputados, detallando el número de solicitudes de intervención de comunicaciones.

El debate sobre esta ley fue extenso. Los senadores discutieron sobre la amplitud de la aplicación de las medidas, especialmente en relación con la interceptación de comunicaciones, ya que algunas voces advirtieron posibles problemas constitucionales al ampliar el uso de estas medidas a delitos no relacionados con el terrorismo. Asimismo, se plantearon objeciones respecto a la posibilidad de cambiar la jurisdicción, tema que no fue bien recibido por la Corte Suprema, aunque finalmente se aprobó en el informe.

En conclusión, los legisladores coincidieron en que la actualización de la legislación es necesaria debido a la ineficiencia de la ley actual para enfrentar los crecientes atentados terroristas, especialmente en el sur del país. La reforma busca permitir una respuesta más efectiva, sin comprometer los derechos fundamentales de los involucrados, bajo un control judicial adecuado. Ahora, la ley deberá ser revisada por la Cámara de Diputados antes de que se despache definitivamente del Congreso.