Los gremios regionales que conforman la Macrozona Sur de Chile en SOFOFA, desde Ñuble a Magallanes, se reunieron recientemente en Puerto Montt junto con el Comité Ejecutivo del gremio.

«Vemos con preocupación que las condiciones habilitantes para el crecimiento como la seguridad, inversión y certeza jurídica enfrentan barreras que dificultan el desarrollo regional», señalaron a través de un comunicado.

«La actividad minera, forestal, acuícola/pesquera y agroindustrial son cruciales para nuestra economía y para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI. Mientras el mundo promueve su desarrollo, vemos que, en nuestro país, pese a nuestras ventajas competitivas y el aporte al desarrollo sostenible, estamos desperdiciando polos de crecimiento relevantes y las oportunidades para acceder a empleos estables y de calidad que mejoren la vida de las personas», indicaron.

Señalaro que, «enfrentamos desafíos en materia de seguridad que afectan a todos los sectores productivos. Nos alarma el avance de la violencia rural hacia la provincia de Osorno, lo que amerita extender el Estado de Excepción a este territorio, mediante una adecuada coordinación y alianza público-privada con las autoridades locales».

Piden varios puntos, «la urgente aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales, con las modificaciones pertinentes para el establecimiento de una ventanilla única, eficaz y oportuna, con suficientes atribuciones».

«Ante el necesario avance del proyecto de reforma de la ley de bases de medio ambiente 19.300 (Permisología Ambiental), expresamos la necesidad de perfeccionar su contenido atendidas sus implicancias en la inversión y el crecimiento económico de Chile».

«Luego de los eventos ocurridos en Aysén y Puerto Montt en relación con la evolución de las Comisiones Regionales de Uso Borde Costero (CRUBC) respecto de las solicitudes de ECMPO de la ley Lafkenche, hacemos un fuerte llamado a las autoridades a corregir la ley con el objetivo de promover una adecuada política de desarrollo sostenible de nuestro borde costero. En el intertanto, atendiendo el negativo y divisorio impacto que está teniendo en comunidades y sectores productivos, creemos necesario establecer una moratoria sobre nuevas solicitudes hasta que la Comisión por la Paz y entendimiento o la corrección a la ley logre revertir esta desvirtuada tendencia».

Finalmente dijeron que, «es fundamental trabajar en conjunto para identificar soluciones que permitan conciliar los intereses de todas las partes involucradas y promover un desarrollo económico inclusivo y equitativo para Chile».