Estudio realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) confirma la desafección de los ciudadanos hacia los organismos públicos y la permanencia de la llamada “crisis de confianza” que afecta el país, pues un 86% considera “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”. 

La llamada “crisis de confianza” que hace algunos años se instaló en la opinión pública después de la divulgación de varios casos de corrupción, pareciera estar lejos de irse de la memoria de los chilenos. Así al menos lo evidencia el IX Estudio Nacional de Transparencia realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que indagó en la percepción que los ciudadanos tienen sobre diversas materias ligadas a la probidad.

Así, ante la pregunta ¿cuán corruptos cree usted que son los organismos públicos en Chile?, un 78%, esto es siete de cada diez chilenos, considera que estas instituciones son “muy corruptas”. Asimismo, un 86% de los encuestados afirma “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”, lo que reafirma la idea de que la crisis mencionada anteriormente está lejos de terminar. En ese sentido, sólo un 23% de los encuestados dice confiar en el sector público y un 25% en el sector privado.

“El creciente nivel de desconfianza y la negativa percepción que hoy las personas mantienen de los organismos públicos, no sólo es el reflejo de una crisis que hace tiempo viene agudizando la desafección de los chilenos hacia el Estado, sino que también, es el reflejo de una sociedad cada vez más crítica y empoderada, que exige mucho más de las autoridades públicas. En esto no hay que usar eufemismos: muchas instituciones, públicas y privadas, le fallaron al país”, afirma el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Los resultados del estudio, aplicado a 2.855 personas de todo el país, también evidencian la lejanía que las personas sienten ante los organismos públicos. Esto, porque la encuesta revela que un 80% de los chilenos afirma que la relación de los ciudadanos con el Estado es distante; un 77% la califica como de «no cooperación»; un 71% de «mal trato» y un 76% de discriminación. Si bien los índices siguen siendo críticos, son algo mejores que los resultados obtenidos en el estudio de 2016, año en el que la llamada «crisis de confianza» alcanzó su peak.

“La Ley de Transparencia cumple este año su primera década desde que entró en vigencia y durante este periodo, ha demostrado ser un eficiente mecanismo de control social. Los chilenos deben exigirle más a sus autoridades y para eso estamos nosotros: para promover una inquebrantable rendición de cuentas en la sociedad. Que no quepa duda que el Consejo para Transparencia estará bregando en esa dirección”, agregó Drago.

Funcionarios públicos

El estudio del CPLT tiene también una variable enfocada en los 268.909 funcionarios públicos que existen en nuestro país. Para ello se entrevistó a 1.326 trabajadores de las 15 regiones entre el 14 de septiembre y el 30 de octubre de 2017.

A nivel general, un 58% de los trabajadores creen que los principales compromisos y obligaciones de un funcionario público se establecen con los ciudadanos y sólo un 27% con el Estado. Y al igual que los ciudadanos, la visión sobre la relación de las personas con las instituciones públicas es igual de crítica: un 72% califica la relación del Estado con los ciudadanos como «distante», un 71% dice que es de «no cooperación», un 58% de «mal trato» y un 57% de «discriminación».

Cuando se les preguntó a los trabajadores acerca de cuáles son los ámbitos que más contribuyen a la modernización del Estado la «transparencia y el derecho de acceso a la información» aparece en cuarto lugar, tras la «formación y capacitación de los funcionarios públicos», la «calidad de servicio y orientación al usuario» y la «ética y probidad pública».

En términos de acceso, un 89% de los trabajadores afirma que la información pública es para los ciudadanos “necesaria”, un 76% opina que “mejora la calidad de la participación ciudadana” y un 65% dice que la transparencia es «buena o muy buena» para el país. Asimismo, 9 de cada diez funcionarios (91%) considera que los ciudadanos tienen derecho a reclamar si no se les entrega la información que piden.