El jueves al mediodía, las comunidades mapuche Juana Morales viuda de Zúñiga, Miguel Huichañir, Antonio Huichal, Santiago Lincoñir, Rosario Ñancuvilu, Painevilu 1, Juan Canio, Antonio Gueñir, Manuel Millañir, Francisco Marin Aucañir, Santiago Naculman, Juan Alca, José Ancavil, Juan Canio, Juan Caniu, Francisco Catrilef, Domingo Painevilu 2, Agustín Hueche Montero, Juan Llancavil, Cacique Meliman, Valentín Calbuin 2, Treumin Huinca y Juan Ñancucheo  de los sectores Metrenko, Rapa Makewe, Rofue, Loncoche plom, Nechifcue, Cerro Loncoche, Molco Cautín, Remolino Makewe, Renako, Pichi Quepe, Mono Paine, Llankopülli, Rofue, Tomen Mallín y Hualahue, ingresaron una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la empresa Besalco S.A. por el fraccionamiento del proyecto que contempla la construcción de la Subestación Nueva Metrenco, la Línea de Alta Tensión Metrenco-Imperial, y la Nueva Substación Enlace Imperial.

Los dirigentes de la movilización señalaron que los tres proyectos fueron ingresados de manera separada a evaluación ambiental a pesar de pertenecer a la misma empresa y ser instalaciones interdependientes y contemporáneas entre sí.

Por estas razones, es evidente para las comunidades que los tres proyectos deberían ser evaluados como uno solo. El fraccionamiento de proyectos para su evaluación ambiental está prohibido por la ley 19.300 en su artículo 11 bis, y por el decreto 40 en su artículo 14.

A pesar del fundamento legal, señalan, la estrategia de dividir megaproyectos para facilitar su aprobación “es usada por empresas inescrupulosas, cuestión que muchas veces no es detectada ni impedida por el Servicio de Evaluación Ambiental. Besalco S.A. estaría por tanto incurriendo en una ilegalidad al intentar evaluar este proyecto de manera fraccionada como si cada parte fuera un proyecto distinto”.

Luis Muñoz, jefe de la Superintendencia de Medioambiente en la región, señaló a radio Biobío se contactará con el Servicio de Evaluación del Medioambiental de La Araucanía, Luis Muñoz, “para alertar acerca del fraccionamiento del proyecto”, de acuerdo a la denuncia realizada por las comunidades.

La protesta de las 38 comunidades que se oponen al proyecto, fue autorizada para re, pero un pequeño grupo se dirigió hasta las oficinas de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, para solicitar la gestión del organismo. Sin embargo, se generó una violenta manifestación, que terminó con la detención de siete comuneros.