Nadie entiende nada: en tanto tiempo se han quemado tantos camiones, pero nadie sabe nada, ni la policía, ni  fiscales ni autoridades. Es decir, los desconocidos son más hábiles que todos ellos juntos o son un grupo con perfecto conocimiento de cómo operan los servicios de seguridad.

El ministro del Interior, Mario Fernández, salió al paso del anuncio de posibles movilizaciones realizado por la Federación de Camioneros del Sur, tras la quema de 17 máquinas y 9 acoplados ocurrida la madrugada del domingo en La Araucanía.

Pese a anunciar que recibirá a los dirigentes de la agrupación, Fernández no se mostró de acuerdo con el tono empleado por estos, asegurando que “no corresponde”. “Bajo amenazas no trabajo”, sostuvo tajante el jefe de gabinete.

Indicó que al tratarse de un hecho delictual, habrá una investigación. “Vamos a ver de qué se trata el asunto. Dada la envergadura de este, de la cantidad de camiones quemados, de los resguardos que tenía este lugar y de la evolución que tuvo la comisión de este delito”, expresó.

La posición del gobierno era bastante incómoda después de conocido el ataque incendiario. Este era un problema más para el ejecutivo que aún no se recupera de los incendios forestales registrados en enero y febrero; tampoco de las constantes críticas por los problemas del Transantiago y luego, los efectos por la ley de estacionamientos, criticada por todos los sectores del país, que responsabilizan al ejecutivo por no enviar indicaciones antes de su promulgación.

El ministro del Interior se encontraba en una situación compleja, y que en los últimos días lo ha llevado a intervenir en discusiones entre la DC y los demás integrantes de la Nueva Mayoría, en disputa por los liderazgos para las presidenciales.

El ataque contra los camiones de la empresa Cavalieri, dio la oportunidad para que dirigentes  parlamentarios de la oposición desplegaran toda su artillería contra el Gobierno y especialmente hacia la Presidenta. El domingo, lunes y martes fueron días intensos comunicacionalmente.

Y fue el momento esperado por José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, quien anunció que el gremio evaluaba la posibilidad de realizar paros y movilizaciones a modo de protesta por la escasa reacción del Gobierno ante los ataques incendiarios que han afectado a La Araucanía.

Villagrán catalogó de “ataque terrorista” la quema de 17 camiones ocurrida en la comuna de Lautaro: “Los dirigentes estamos en estado de alerta, estamos analizando de forma interna qué vamos a hacer para terminar con este problema. Estos 17 camiones fueron la guinda de la torta, no podemos seguir permitiendo que los gobiernos de turno no cumplan su función”, explicó el dirigente.

Según el registro que mantiene el dirigente, desde el año 1996 hasta marzo del presente año, en la región de La Araucanía, 234 camiones han sido destruidos por el fuego provocado por desconocidos. Tampoco hay detenidos por este tipo de delitos.

Las críticas tampoco dejan indemne al Ministerio Público, a quienes acusan –en especial la Fiscalía de alta complejidad- que en este tipo de casos como otras, no han sido capaces de dirigir investigaciones con el suficiente tipo pruebas para que los tribunales puedan tomar convicción acerca de los hechos.

“Reacción tardía”

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez Jara, criticó: «El gobierno reacciona de forma tardía».

«Queremos que se reestablezca el estado de derecho en La Araucanía…. (…) El Gobierno tiene que decretar Estado de Excepción en La Araucanía porque no se puede seguir aceptando estos hechos de violencia. El gobierno se ha querellado invocando la ley antiterrorista, que sirve poco, pero nosotros en esta oportunidad vamos a tener que cumplir y exigir al gobierno medidas concretas”, sostuvo en Radio Agrícultura.

Mario Fernández no perdió la ocasión. «No corresponde. Por grave que sea esto, lo que ocurrió no deja de ser un hecho delictual que debe ser investigado de acuerdo a lo que la ley señala. No es un asunto de gustos o de mayor celeridad o no. Entiendo que ellos estén muy preocupados, pero yo, bajo ese tipo de amenazas, yo no trabajo».

Sobre el atentado, el ministro Fernández, evitó referirse a este como “terrorista”. “Es grave, muy grave y punto, y vamos a ver de qué se trata“, afirmó. En la misma línea, añadió que “por ahora es demasiado prematuro para decir nada, pero desde luego es un hecho muy grave y esto supone un análisis muy a fondo de la situación“.

Por su parte, el gobernador de Cautín e intendente (s) de La Araucanía, Ricardo Chancerel, anunció que “el Gobierno va a utilizar todos los mecanismos de que disponemos a partir del ordenamiento jurídico vigente“, por lo anterior, adelantó que “en consecuencia, se aplicará la Ley Antiterrorista para sancionar a los responsables de estos hechos“.

Las críticas aumentaron, porque todos querían que se aplicara la Ley Antiterrorista, en un coro perfectamente dirigido. Sin embargo, muy pronto comprendieron el error que eso significaba cuando un fiscal y desde la propia Moneda sacaron del error a los dirigentes gremiales: los seguros solo se pagan cuando hay delito común. Cuando son de carácter terrorista, no operan las pólizas.

Ineficiencia total

El mismo lunes Fernández se reunió con el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien viajó a La Araucanía el martes, en medio de un fuerte hermetismo. Al parecer, el diálogo tiene que haber sido fuerte, pero existe desconfianza en la eficiencia de las dos policías, de la Agencia Nacional de Informaciones y del Ministerio Público.

¿Por qué? Este capítulo es parte importante en este conflicto. En la región permanecen tres generales, uno de ellos con dedicación exclusiva en el tema de la violencia en la llamada zona roja (entre Collipulli y Freire), una comisaría con más de 100 funcionarios en Pailahueque,l instrucciones y recursos.

Sin embargo, en la madrugada del domingo, 17 camiones fueron quemados. Lo que más llama la atención, que el recinto ubicado en las cercanías de Lautaro, permanentemente hay un alto parque de camiones y el domingo eran más 50 los ahí guardados, pero con un recinto voluble y a cargo de un solo guardia.

Tampoco había vigilancia, pese a que todos los transportistas saben que los ataques ocurren de preferencia los fines de semana; tampoco rondas policiales. Es decir, pese a que el conflicto lleva más de 20 años en la zona, no hay disposición para resguardar los bienes de los transportistas.

En todo este tema hay zonas oscuras. Comentarios muchos y certezas pocas. Existe el convencimiento que los supuestos grupos de desconocidos –a quienes en la oposición señalan ser mapuches- son tanto o más eficientes que las policías o pertenecen a un grupo con alto poder de entrenamiento y conocimiento de cómo funcionan los organismos de seguridad.