El promedio mensual de atentados sufridos por empresas contratistas forestales, durante la administración de la presidenta es de 1,9 en comparación con el 3,0 en lo que va de gobierno de Sebastián Piñera.

La Asociación de Contratitas Forestales AG, a través de su gerente René Muñoz Klock, realizó un análisis de los datos obtenidos sobre atentados incendiarios sufridos hace cinco años a la fecha en el sur de Chile, en relación a cantidad, comunas y equipos afectados.

“Podemos ver que durante el gobierno de Bachellet hubo 23 ataques en promedio al año, sin embargo en los 15 meses que van de gobierno de Piñera, ya hemos sido víctima de 37, es un 33% mayor en esta comparación promedio.” Explicó Muñoz.

Otro indicador preocupante es el aumento en la extensión de la actividad terrorista a otras comunas en las regiones de Biobío y La Araucanía, en relación a las que habitualmente registran este tipo de hechos. Hasta marzo de 2018 eran 24 comunas donde hubo ataques incendiarios a contratistas forestales, a estas se suman 8: Vilcún, Loncoche, Carahue, Nueva Imperial y Teodoro Smith en La Araucanía; Los Álamos, Curanilahue, Arauco y Mulchén en Biobío.

Muñoz indicó que, “en estos ataques, el objetivo es destruir equipos de trabajo, maquinaria forestal de alto valor y tecnología que son operadas por personas altamente capacitadas que ven afectados su trabajo, sienten temor de volver a trabajar y en sus familias ocurre lo mismo.” Durante la administración de la presidenta Bachelet 265 equipos fueron dañados y en lo que va de gobierno del presidente Piñera 165. Según el promedio mensual, ha aumentado un 50% el número de máquinas destruidas.

“Todas estas cifras, vienen a confirmar las afirmaciones que nuestro gremio ha planteado al actual gobierno. Queremos que reaccione frente al aumento de la actividad terrorista, al abandono de los sectores rurales, a la desprotección de los trabajadores forestales y agricultores, al no funcionamiento de la Fiscalía en su rol investigador y al nulo respaldo a Carabineros y Policía de Investigaciones. Lo que solicitamos es que vuelva el Estado de Derecho a las regiones de Biobío a Los Lagos,” recalcó el dirigente gremial.