En el Juzgado de Garantía de Carahue se llevó a cabo hoy una audiencia crucial que marca un hito en la búsqueda de justicia para Pablo Marchant Gutiérrez, joven miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), asesinado hace tres años en el fundo Santa Ana de la empresa Forestal Mininco.

La audiencia dio luz verde definitiva a la exhumación de su cuerpo y a la realización de una segunda autopsia, una diligencia largamente solicitada por los querellantes y familiares del joven mapuche.

La necesidad de esta segunda autopsia surge del informe metapericial forense elaborado por el médico Luis Ravanal Cepeda, que reveló múltiples falencias y negligencias en la primera autopsia realizada por el Servicio Médico Legal. Según el informe, es crucial esclarecer la dinámica de los hechos y, principalmente, la distancia del disparo que acabó con la vida de Pablo.

A pesar de que la autorización para la exhumación ya había sido otorgada el 9 de mayo pasado, su ejecución estaba pendiente de un informe de factibilidad positivo por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Este informe, finalmente leído hoy, confirmó que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la exhumación.

Patricia Cuevas, abogada de la familia de Marchant, subrayó la importancia de que las autoridades y funcionarios policiales presentes durante la exhumación respeten la significación emocional y espiritual de esta diligencia: “esperamos que en la disposición de estas medidas de seguridad, tanto las autoridades como los funcionarios policiales que concurran a la misma, tengan el mayor respeto por la diligencia en sí, por el cuerpo de Pablo, por la familia de Pablo y también por las personas residentes del sector, y tengan en consideración la significación emocional y espiritual de esta importante diligencia, que implica sacar un cuerpo de su lugar de descanso y volver a intervenirlo, precisamente porque no se hizo lo que se tenía que hacer en el momento en que se tenía que hacer»,  declaró Cueva .

La abogada también expresó su preocupación por el uso potencial de la exhumación para llevar a cabo otras diligencias investigativas o allanamientos, práctica que ha sido frecuente en los últimos días. «Esperamos que esta diligencia no sea utilizada con otros fines que no sean la realización de la segunda autopsia,» agregó.

Cuevas enfatizó la necesidad de adherirse estrictamente a los protocolos y directrices tanto nacionales como internacionales respecto a las personas fallecidas en manos de agentes estatales. «Es fundamental que se hagan las cosas como corresponde, para avanzar en el acceso a la justicia y en la determinación de las responsabilidades correspondientes,» concluyó.

La audiencia de hoy representa un paso significativo en el prolongado camino hacia la verdad y justicia para Pablo Marchant, cuya muerte sigue siendo un doloroso recordatorio de la violencia y la impunidad en la región. La exhumación y la segunda autopsia son vistas como oportunidades esenciales para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia por su trágica pérdida.