Poco duró el optimismo de las organizaciones socioambientales tras el avance en la Cámara de Diputados del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).  La iniciativa, que ya fue aprobada en 2019 por el Senado, fue despachada el 31 de agosto por la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, pasando así a la Comisión de Hacienda.  Tras este trámite será votada por la sala, luego de lo cual retornará al Senado para zanjar las diferencias entre ambas corporaciones. 

Los puntos en que no se llegue a acuerdo pasarán a Comisión Mixta.

Ya son 8 los años de tramitación (ingresó en 2014) de un proyecto que, aunque representa diversos aspectos positivos, desde distintos ámbitos se cuestionan los retrocesos que en la Comisión de Agricultura se aplicaron a la iniciativa que salió de la Comisión de Medio Ambiente.

Tanto organizaciones socioambientales como indígenas, e incluso el Colegio Médico de Puerto Montt, según consignó el medio El Ciudadano,  se criticó cómo emergió el proyecto de Agricultura, principalmente por permitir la “operación de concesiones industriales dentro de áreas protegidas”. 

El cuestionamiento alude a que aunque el Senado aprobó que se mantengan estas autorizaciones, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara lo había revertido dejando sólo las que involucraran usos sustentables, servicios básicos y conectividad de comunidades locales e indígenas. Sin embargo, Agricultura echó pie atrás resucitando la versión más permisiva de la Cámara Alta.

También se retrocedió en el principio de no regresión, que involucra que el Estado no puede aprobar políticas públicas que signifiquen retrocesos en materia ambiental tanto respecto de la naturaleza como de las comunidades.  El proyecto establecía la aplicación de esta figura a toda la biodiversidad del país, acotándolo la Comisión de Agricultura sólo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El último punto crítico se refiere a los sitios prioritarios.

La Comisión de Medio Ambiente había aprobado un texto que señalaba que “los sitios prioritarios que el Servicio identifique en el marco de la planificación ecológica serán categorizados como tales bajo criterios técnico-científicos”.  Y agregaba que el organismo “mantendrá un registro espacial actualizado de los sitios prioritarios del país, en el marco del sistema de información referido en el artículo 24”.  Y concluía: “Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o más instrumentos para la conservación de la biodiversidad establecidos en la presente ley”.

Sin embargo, en Agricultura se incluyó el siguiente inciso final: “Los Sitios Prioritarios para la Conservación identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad no se entenderán dentro de la categoría establecida en este artículo, salvo que sean categorizados como tales, de acuerdo a las reglas generales”.  En la práctica esto significa que los más de 300 sitios prioritarios hoy existentes, 68 de los cuales son considerados en el marco de la Ley de Bases de Medio Ambiente como “áreas bajo protección oficial”, quedarán excluidos de tal categoría, perdiendo así un relevante nivel de protección.

En este mismo sentido, también se quitó al SBAP la atribución de fiscalizar las acciones que atenten contra la biodiversidad en los sitios prioritarios declarados.

El paso por la Comisión de Hacienda no será relevante para revertir este articulado, ya que al no ser una instancia técnica para este proyecto sólo se enfocará en el financiamiento.  Más aún, ésta aún no ha agendado la fecha en que iniciará la revisión, teniendo como prioridad esta semana la discusión de la Reforma Tributaria y del proyecto relacionado con el transporte público remunerado de pasajeros.

Desde Chile Sustentable se espera que se subsane todo esto durante su discusión en el pleno, mediante la votación de nuevas indicaciones o rechazando las modificaciones de la Comisión de Agricultura y así mantener, al menos, el texto que salió de Medio Ambiente.