Por primera vez en la historia de Chile, un grupo de trabajadores de La Araucanía solicitó formalmente una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea esta instancia internacional la que mandate al Estado de Chile a disponer de medidas de protección especial ante los hechos de violencia y terrorismo que golpean la macrozona sur del país

A juicio de los trabajadores que viajaban en el mismo furgón en que Pedro Cabrera fue asesinado el pasado 3 de octubre en Collipulli, el Estado de Chile no ha implementado las medidas necesarias para dar seguridad a las personas en el desarrollo de sus funciones, razón por la cual deben buscar esa protección en organismos internacionales.

La Multigremial de La Araucanía y de la Multigremial Nacional manifestaron su completo apoyo a esta iniciativa. Desde el directorio de esta última indicaron que “cuando el Estado no es capaz de prevenir ni de brindar seguridad a sus ciudadanos, entonces estamos frente a un Estado fallido. Y cuando un Estado falla de esta forma tan evidente, incluso con pérdidas de vidas inocentes, no queda más alternativa que recurrir a organismos internacionales para visibilizar la situación y buscar la protección que se necesita”.

“El camino legal, nacional e internacional, es el único posible para hacer frente a este tipo de hechos. Seguiremos apoyando e impulsando estas acciones frente a cada acto de terrorismo y violencia del que seamos víctimas, porque la desprotección y abandono de nuestros gremios y trabajadores es lamentable”, agregaron desde la Multigremial Nacional.

Christian Berndt, abogado patrocinante y miembro de la oficina especializada en litigio internacional Justicia y Reparación, manifiesta que “la supervisión de la CIDH es la única garantía real de protección para estos trabajadores que cumplen funciones en el Fundo Agua Buena y en sector de Curacao en La Araucanía”.

“Pese a que el lugar donde ocurrió el atentado en Collipulli contaba con medidas de protección solicitadas por el Ministerio Público desde junio de 2019, las autoridades han hecho oídos sordos y hemos visto cómo 400 trabajadores han quedado en la indefensión absoluta”, concluye Berndt.

“Tenemos el miedo latente de que podamos encontrar la muerte en nuestros lados, o dentro de los campos podemos ser atacados por grupos terroristas en cualquier minuto”, finaliza uno de los trabajadores de la empresa agrícola La Selva, quien prefiere identificarse con las iniciales J.L.A. y quien viajaba en el furgón que fue incendiado por un grupo armado, que atacó a trabajadores agrícolas en Collipulli y terminó con la vida de Pedro Cabrera.