El senador Francisco Huenchumilla (DC) solicitó formalmente a la presidenta de esa Corporación, la senadora Yasna Provoste, para que oficie al ministro del Interior, Rodrigo Delgado Mocarquer, con el fin de verificar el cumplimiento de diversos compromisos contraídos por el estado, con las comunidades del área de influencia del Aeropuerto La Araucanía.

La acción fue tomada por el parlamentario, luego que comunidades y organizaciones de la zona, cuestionaran un lento avance en el cumplimiento de las resoluciones y convenios.

En este contexto, el senador detalló que “hemos recibido peticiones de apoyo, para que las instituciones del estado cumplan con sus promesas, por lo que he solicitado el envío de un oficio formal donde la autoridad competente explique, además del grado actual de cumplimiento de estos compromisos, cuáles son las proyecciones reales de que se completen en un futuro cercano”, señaló.

Los convenios

En efecto, tanto la Resolución Ambiental (RCA) Nº252/2006, que determinó el área de influencia directa de la construcción del aeropuerto, como los posteriores Acuerdos Territoriales Pewmayen y Quepe-Pelales, estos últimos, contraídos por los gobiernos regionales de la época, establecieron métodos compensatorios del estado o distintos anuncios, por ejemplo, a través de programas de inversión pública.

A través de los Acuerdos Territoriales, el estado anunció millonarias inversiones, gracias a las cuales se abordarían problemáticas sociales, energéticas, de infraestructura y conectividad vial, de fomento productivo y emprendimiento, ambientales, patrimoniales, de servicios básicos, de salud, de medioambiente, de vivienda y de fortalecimiento de la cultura mapuche, entre otras materias concernientes a la vida de las comunidades que habitan el sector.

Expectativas

Finalmente, el parlamentario se mostró confiado en que el Ministerio del Interior, o cualquier otra autoridad responsable y competente, “entregue una respuesta pronta y oportuna a los cientos de vecinos, organizaciones y comunidades que habitan el área de influencia del Aeropuerto La Araucanía, y que se sienten postergados y dejados de lado”, manifestó.

“En una sociedad democrática, es esencial que los beneficios del progreso lleguen a todas las personas, sin distinción alguna en materia socioeconómica, geográfica o étnica. La construcción de un nuevo y moderno aeropuerto era una deuda urgente y pendiente con el desarrollo de nuestra zona, y que fue muy bien resuelta; pero tuvo un impacto profundo en el entorno, y en las vidas cotidianas de miles de personas. Por ello, el estado prometió acciones de compensación, y tiene el deber ético de cumplir con su palabra”, concluyó.