La presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en la Araucanía ve que existe una demora por las resoluciones y que “hay una situación bien complicada también en términos administrativos, pero ya acá la demora es mucho”.

“Tiene que haber una medida de distanciamiento, alejamiento, por ejemplo, en la seremi de justicia son 6 personas, comparten espacio, y ha seguido el problema, no ha habido una intención de mejorar las relaciones humanas para que se termine el proceso, en educación está pasando lo mismo”.

Claudio Núñez

Hace pocos días a nivel país se realizó la marcha No+AFP que convocó a nivel país a cientos de personas, quizás no como antes, pero con la consigna de que la lucha aún no la abandonan. Ahí estuvo la presidenta de la Anef (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), Sandra Marín, que últimamente ha hecho noticia por las denuncias que ha recibido de diversos funcionarios por malos tratos por parte de seremis de Justicia y Educación, también Energía, donde esta última terminó saliendo del cargo sin esperar una indagatoria contra Claudia Sotomayor. Caso similar en Corfo con la salida de Paola Moncada.

Y es que el tema le preocupa a Marín, porque ya se van a cumplir 5 meses y no hay avances. Lo dijo a Radio Bío Bío, “más de cuatro meses que el tema se hizo público y todavía no se hace nada. Eso es lo impresentable. Los sumarios pueden perfectamente continuar”. Y en entrevista con Tiempo21, reitera su afirmación. “A pesar de que hay fiscal, a pesar de que se han hecho las denuncias públicas siguen situaciones de maltrato laboral”

¿Cómo califica la respuesta de los ciudadanos a la marcha No+AFP de los trabajadores convocada por ustedes?

Lo calificamos como positivo. Hemos estado en contacto con los territorios este último mes a diario con la difusión. Uno organiza una marcha y nunca se sabe cuántos van a llegar, se trabaja mucho y es impredecible el número de asistentes que vas a tener. Sin embargo, llegaron asistentes para salir a marchar. Acá nosotros marchamos, hicimos el recorrido que teníamos programado, terminamos con el acto que teníamos programado, la gente llegó y se fue cuando terminamos. Eso se valora porque esta es la primera actividad que se convoca a nivel nacional, mantenemos la demanda, no la hemos abandonado. Desde los inicios nos hemos seguido reuniendo y esta era una apuesta importante y esto debido a que el Gobierno está con la reforma de pensiones que no es algo que también nos satisface, pero hay una intención. Y esa intención en estos momentos está siendo negociada y mejorada para intereses económicos que son respaldados por un sector político del país, particularmente la derecha.

Macarena Letelier, dirigenta del movimiento “Con mi plata no” ha señalado que “Hemos visto particularmente amenazado el sistema de capitalización individual, que es lo que nos garantiza nuestra propiedad”, ideas que sectores quieren traspasar a la carta magna ¿qué opinan ustedes al respecto?

El dinero que tenemos en nuestro fondo de pensiones no es de nuestra propiedad, esa plata hace unos años atrás hicimos un proceso judicial a nivel nacional donde se presentaron recursos de protección y en todas las cortes la gran mayoría no fueron admisibles y ahora están en la Corte Interamericana. La CS dijo que esos recursos no podíamos sacarlos y la presentación era para las personas que habían jubilado, y que tenían pocos recursos y se les negó, esa plata nunca ha sido de nosotros. Eso es lo que no entiende la ciudadanía porque dicen que “la plata es mía” y no, usted no puede sacar ese dinero, cuando jubila le hacen un programa hasta los 110 años donde las mujeres son las más perjudicadas, porque si somos casadas eso también nos desfavorece en el momento del cálculo de las pensiones (…) Entonces el tema de la capitalización individual no ha funcionado, no funcionó, fue otra forma de quitarle el dinero a los trabajadores para invertirlas en todas las inversiones o préstamos o créditos que realizan las AFP’s, este sistema no funcionó porque las pensiones son miserables, no podemos hablar de un ingreso que sea un sueldo mínimo, no sé porque cuesta entenderlo.

A partir del ingreso de las más de mil enmiendas por parte de los consejeros constitucionales, en donde miembros del Partido Republicano propusieron la limitación del derecho a huelga a la negociación colectiva ¿cómo calificas esta propuesta?

Eso es totalmente transgresor a los derechos fundamentales, no podemos esperar otra cosa distinta cuando tenemos un partido ultraconservador en la elaboración de un borrador. El tema de las huelgas, así y todo, éstas no son efectivas porque el empleador no mejora la negociación con un acuerdo. Hay casos en Temuco, el Unimarc de Pinto estuvieron como 2 meses en huelga, no mejoró la negociación porque también hay un plazo, terminado el fuero la mitad del sindicato fue despedido. Entre los sindicatos también hay una baja tasa de sindicalización porque también falta fuerza, pero como son sindicatos pequeños porque también son empresas pequeñas, podemos hablar del retail que son tremendas instituciones, pero también hay un montón que está externalizado. Si no hay un sindicato potente, una fuerza laboral potente, no se pueden frenar este tipo de situaciones que están ahora atomizando el sindicalismo a través de la precarización laboral.

Acerca de las más de mil enmiendas que los representantes electos comenzarán a debatir a partir del próximo 1 de agosto en las cuatro comisiones que componen la comisión constitucional, las propuestas que más han concitado la atención pública aquellas de parte de consejeros del Partido Republicano ¿Cuáles más le interesa a su organización?

Nosotros a diferencia del primer proceso de borrador constitucional, no participamos en esta oportunidad con la iniciativa popular de norma porque no creemos en este consejo, no creemos en este proceso que fue instalado de mala forma porque la soberanía popular dijo una nueva constitución y con una comisión 100% electa. No creemos en este consejo.

Independientemente de lo que defina el Consejo, al final de este proceso, quien deberá zanjar es la ciudadanía en el plebiscito de salida ¿cuál es la postura de la Anef, según lo visto hasta ahora?

No hay postura todavía, no lo hemos conversado.

Los casos de maltrato laboral ha sido una constante en diversos servicios públicos, salió Claudia Sotomayor (Energía), después Paola Moncada (Corfo), ambas por temas de malos tratos. Hoy están en la mira la seremi de justicia y la de educación. ¿Cuáles son las denuncias en específicos contra estas dos últimas autoridades?

Las denuncias son de acoso y maltrato, en la seremi de justicia hay 3 funcionarias que están realizando esta denuncia, en la seremi de Educación partió en diciembre me parece, la jefa de gabinete que había llegado con la seremi, también hizo una denuncia, pero ella dejó el puesto, no pudo continuar trabajando, pero quedó la denuncia. Por lo que me han informado en la Andime, habría instrucción de un sumario, en justicia habría un fiscal nombrado, creo que hace un mes vino a tomar declaración a las afectadas y después tomó declaraciones para los testigos, pero no tenemos resultados de esto. Respecto a lo de justicia, las 3 funcionarias presentaron una tutela en los tribunales y el juez instruyó el cese de hostigamientos, pero ninguna medida de resguardo ¿Por qué? Porque es la seremi con 6 funcionarias, pero también es importante el precedente lo que dice el juez “se terminan los hostigamientos”, pero los hostigamientos, de acuerdo a lo que han señalado se han seguido manteniéndose en el tiempo, a pesar de la denuncia formal, a pesar de que hay fiscal, a pesar de que se han hecho las denuncias públicas siguen situaciones de maltrato laboral. Nosotros hace 3 semanas estuvo el presidente nacional de la Anef y fuimos a conversar nuevamente con las afectadas, había dos con licencia y la que se fue con licencia se fue justamente por una situación con la seremi que había sucedido, y que esto explotó en llanto y ella se fue. Y se fue al médico y ya están colapsadas, se habían mantenido trabajando, pero ya colapsaron.

¿Y en Educación?

La seremi de Educación le pidió a un profesional de otras dependencias que hiciera una auditoría, no se lo pidió al auditor interno que está en servicio, a otra persona que no era de auditoría. De acuerdo a ese informe, ella dijo, “no, aquí hay irregularidades”, y envío el tema para un sumario, los funcionarios del EIB (Educación Intercultural Bilingüe) se enteraron ahí por el programa que estaban siendo sumariados en Santiago, pero salieron absueltos y era el equipo completo, cuatro funcionarios de ese programa.

Tiene que ver con un tema que atenta a la honorabilidad, estamos hablando de funcionarios del pueblo mapuche, entre ellos hay un lonco. Fue un tema muy grave porque casi por una injuria, se levantó la denuncia, se les acusó, se les hizo un sumario, y salieron absueltos. Esa situación generó mayor tensión dentro de la seremi. Fue una denuncia que no tenía sustento.

La actual seremi de Educación, María Isabel Mariñanco, dijo a este medio cuando fue entrevistada a fines de abril que, “No he sido todavía notificada formalmente de la denuncia, eso es una realidad. Sin embargo, tienen que ver con algunas situaciones administrativas y quiero clarificar no depende de la seremi, depende de un Departamento de Administración”. ¿Qué le parecen estas palabras?

Mira, esos son los problemas que tenemos en la actualidad con los seremis, son cargos de confianza. El tema es que hay seremis como educación que ejecutan y administran, y hay otros como solamente monitoreando (…) el tema es que si se hace la denuncia se hace a la subsecretaría no se le envía a ella la denuncia, porque la denuncia es contra ella. Entonces se envía a la subsecretaría, y de allá se tienen que resolver el tema generando la resolución de instruir investigación o sumario administrativo, y esas son las demoras que hemos tenido. ¿Qué decimos nosotros? ¿Y qué les falta también a los protocolos, cuando sobre todo son jefaturas como seremis o directores regionales que son cargos de confianza? Tiene que haber una medida de distanciamiento, alejamiento, por ejemplo, en la seremi de justicia son 6 personas, comparten espacio, y ha seguido el problema, no ha habido una intención de mejorar las relaciones humanas para que se termine el proceso, en educación está pasando lo mismo. Entonces hay vacíos también en cuanto se hace una denuncia, ¿qué pasa con esa seremi? Se nombra a otro seremi, se va de vacaciones, si se va de vacaciones entonces a lo mejor la seremi dice “me está aduciendo que soy responsable” por ejemplo, entonces hay una situación bien complicada también en términos administrativos, pero ya acá la demora es mucho.

Si bien ya han pasado 4 meses con las denuncias de maltrato, es el mismo delegado presidencial José Montalva quien admitió que, “Los protocolos que existen hoy día son lentos y que no dan cuenta la rapidez que se pide por parte no solamente de los denunciantes, sino también por parte de los denunciados; para poder garantizar sus derechos”, estas palabras fueron emitidas el 14 de este mes a Radio Bío Bío. Ahora siendo fin de mes ¿Hay algún avance?

No, no existen avances… no existen avances…

¿Por qué usted cree qué no?

Por lo que se dice bien ahí, están los protocolos, se tiene que instalar un fiscal, lo que me explicaba un asesor del subsecretario de Justicia, es que se había nombrado un fiscal, pero había tenido unos inconvenientes y que no había podido actuar con inmediatez, y eso fue en septiembre del año pasado la denuncia en justicia, aún no hemos tenido noticias.

De acuerdo al mismo tema ¿Ha tenido otras denuncias en otras reparticiones estatales, en otras seremías? Y de ser así ¿Cuáles son?

Estamos viendo una situación que está pasando en Sename, no con la directora sino con una jefatura. Hay alrededor de cinco denuncias donde está la cárcel de jóvenes en Cholchol. Eso nos tiene complicados, son cinco denuncias entre eso a una dirigenta, en lo mismo que pasó en Energía. El maltrato y el acoso están totalmente invalidados y no debería ser parte de los ambientes laborales, así que tenemos equipos completos que están denunciando autoridades, equipos completos de Corfo, mitad de equipo en Justicia, casi todo el equipo en Energía (…) Si esta cosa no se soluciona luego van a generarse acciones de malestar pública.