Por Mario Venegas

Diputado

Como cada año, está en discusión la fijación del salario mínimo, que determina el piso que debe tener la renta de los trabajadores que menos ganan en el país.

Y, usualmente, ello se debate desde una perspectiva esencialmente técnica; es decir, de lo que cada sector cree posible, en función de las condiciones (subjetivas, según donde cada uno se ubique) y, muy rara vez, de las consideraciones éticas, que debiera presidir este diálogo.

Desde hace algunos años, Chile se precia de ser “una de las economías más estables de la región”, o, “una de las que más ha crecido en el mundo”, etc., etc.

Y, por otra parte, el país está llegando a alrededor de 25 mil dólares de PIB per cápita (la suma de los bienes y servicios que el país produce, partido por la cantidad de habitantes, lo que esconde, obviamente, la manera en que este se distribuye. Allí debe radicar nuestra discusión.

Es difícil que, a esta altura, alguien pueda discutir que estas cifras, propias de la macroeconomía, sean positivas (siempre es mejor crecer que no hacerlo); sin embargo, es difícil seguir escondiendo que, después de un muy largo período de expansión de la economía, sus beneficios llegan de manera demasiado desigual a los chilenos, especialmente a los más necesitados.

Dicho de otra manera, a medida que el país crece, económicamente, algunos (la minoría), crece mucho y rápido, la inmensa mayoría crece poco y lento.

Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos, del INE, más del 50% de los trabajadores recibe menos de $350.000 líquidos, por un mes de trabajo. El 20.5% de la población ocupada percibió ingresos entre 200 y 300 mil pesos y solo un 9.1% recibió salarios sobre 1 millón de pesos. Finalmente, solo un 1.2% de los asalariados, recibe ingresos superiores a los 3 millones de pesos.

Si todas esas cifras se aplican a las mujeres asalariadas, la situación es entre un 20 y un 40% peor.

Estos son los datos de ingresos, que nadie discute.

Agreguemos que la “línea de pobreza”, alcanza, en la actualidad, a los 430 mil pesos; es decir, ese es el monto mínimo, requerido por una familia de 4 personas, solo para subsistir, mínimamente, lo que está muy lejos del actual salario mínimo que, en teoría, debiera cubrir esa línea.

Otros datos. Cuando los países más desarrollados tenían el PIB que actualmente tiene Chile, el salario mínimo era, en general, aproximadamente el doble.

¿Por qué eso no es posible en Chile?, o, dicho de otro modo, ¿cuáles son las razones para que, desde el mundo empresarial, se afirme de qué, “es imposible” el salario mínimo pedido por la CUT, de 420 mil pesos?

Probablemente las razones debamos buscarlas en los elementos éticos, que debieran estar presentes en la fijación del salario mínimo más que en las “condiciones objetivas” de la economía.

Esa es la discusión pendiente en el país. No solo en la fijación del salario mínimo, sino que en el tipo de país que queremos construir. O el país del “sálvese quien pueda”, propio de una visión individualista de la vida, o en una perspectiva solidaria, que construye un país guiado por los contenidos básicos de la Justicia Social.

Soy de los que se inclina, clara y decididamente, por la segunda opción, aquella que conecta con el Humanismo Cristiano, que entiende que los seres humanos se transforman en personas, como fruto de la relación comunitaria con los otros.

Por esa razón, voté en contra de la cifra de reajuste, que el gobierno propuso a la Cámara de Diputados, que subirá, ahora, en 10 mil pesos el monto del salario y, en marzo del próximo año, hasta 300 mil pesos, cifra completamente insuficiente para asegurar la mantención básica de una familia de 4 personas.

Ahí debe centrarse la discusión acerca del salario mínimo.

En un período en que al gobierno le gusta hablar de “grandes acuerdos”, parece haber llegado el momento de acordar, en cuantos años (no debieran ser más de 4), el salario mínimo alcanzará a la línea de pobreza, como muestra de la voluntad colectiva de devolver la mínima dignidad al trabajo de los más vulnerables.