El lunes 12 de noviembre continuó en el Senado la discusión de la reforma al Código de Aguas, en una tramitación que ya lleva 7 años en el Congreso Nacional, en el marco de una moción presentada en 2011 por un grupo de legisladores. En noviembre de 2016 la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y en el caso de la Cámara Alta ya sorteó la Comisión de Recursos Hídricos.

Hoy el proyecto está radicado en la Comisión de Agricultura, la cual inició un proceso de audiencias públicas. Una vez que se sanciones en dicha instancia, será revisado por las comisiones de Hacienda y Constitución, para finalmente pasar a su votación por el pleno del Senado. De existir diferencias entre ambas cámaras, estas deberán ser zanjadas por una Comisión Mixta.

El Ejecutivo ya anunció que intentará revertir el fondo de lo ya acordado. En una exposición ante los senadores del ministro de Agricultura, Antonio Walker, notificó que entre las indicaciones que se presentarán buscarán mantener el concepto de “dueño” de derechos de agua de la normativa vigente, en pos de dar “certeza jurídica” a los controladores de los recursos hídricos.  Además, se intentará revertir la temporalidad por 30 años de las nuevas concesiones, y elementos relacionados con la caducidad y la extinción. El objetivo, mantener sobre el agua el dominio total y perpetuo de particulares.

Aunque hace unos tres meses la Dirección General de Aguas ya realizó varias indicaciones, el ministerio de Agricultura tiene bloqueada la iniciativa.  Hasta el momento no se ha cumplido el compromiso de la presidenta de la comisión, Carmen Gloria Aravena (Evópoli), de iniciar ya la votación.   En paralelo, el resto de los integrantes no ha ejercidoo liderazgo ni priorizado dar continuidad a la tramitación y votación tras 9 meses de dilatadas audiencias publicas.   Esto, cuando ya se acerca el verano en que muchas comunidades deberán recurrir nuevamente a los camiones aljibe y se continuará la sobre explotación de los acuíferos y fuentes de agua.

Audiencias

Las audiencias del lunes correspondieron a la Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales Aconcagua y a comunidades de aguas del pueblo de Huaviña, de la comuna de Huara en la región de Tarapacá.

En el caso de la Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales Aconcagua, expuso su vicepresidente Marco Landero. El organismo está integrado por 48 sistemas en la provincia de San Felipe, abasteciendo a 55 mil personas que corresponde a un 35 % de la población.  A pesar de esta realidad, su principal problema hoy es la falta de derechos de agua para operar.

El dirigente hizo diagnóstico de las situaciones que les afectan: la escasez de agua en la provincia ya no es una emergencia es parte de la vida de una serie de localidades que dependen de camiones aljibe; los abusivos contratos con las juntas de vigilancia; deforestación de los cerros; forma “primitiva” de riego con poca eficiencia de uso del recurso; el cambio climático no es solo un problema ambiental sino también socioeconómico.

En el caso de sus críticas a las juntas de vigilancia (en su mayoría defensoras del Código vigente y opositoras a cambios en pos del interés público), Landero profundizó: “Las hemos escuchado atentamente cuando han expuesto y ellos dicen que en su sector está todo bien, normal.  Sin embargo, ellos son abusivos, porque por contrato nos venden el agua, por metro cúbico” explicó.

En su opinión, “lo más agravante es que el Estado se presta para esto, porque les construye toda la infraestructura para que ellos nos entreguen el agua. Nos están beneficiando, pero indirectamente están beneficiando el lucro”.

Recordó que el objetivo original de la institucionalidad fue “primero, distribuir el recurso hídrico en función del libre mercado y, segundo, aumentar el incentivo de individuales sobre la construcción de obras gracias a que era un bien posible de negociar. Pero la verdad es que solo la propiedad de aprovechamiento de aguas es privada, siendo muchas las inversiones del Estado”. En este sentido “el Código, creado en un gobierno no democrático, privilegió mayoritariamente al sector exportador, minero y eléctrico.  No consideró el consumo humano como prioritario”.

Landero expresó que los problemas en la gestión del agua hoy se deben a que “no hay un lineamiento político estratégico sustentable sobre el recurso hídrico”, donde este debiera ir en este orden: el consumo humano y el saneamiento; la protección de los ecosistemas; agricultura; sector industrial y minería.

Ante este escenario, entre sus propuestas incluyen que el Estado recupere protagonismo en la asignación y administración del recurso creando un Ministerio del Agua; que no se puedan modificar los puntos de captación; una gobernanza democrática bajo la figura de un usuario un voto; caudal ecológico para todos los derechos de agua; incorporación en el código de los conceptos de “sequía” y “cambio climático”; aumentar el volumen de agua que pueden extraer los servicios sanitarios rurales y asociarlo a número de usuarios; mantener las caducidades del proyecto de ley a los derechos de aprovechamiento de agua no ejercidos, incluso bajando el plazo de 4 años para los consuntivos y 8 para los no consuntivos, por lo menos a la mitad, por el escenario de cambio climático; y que el Estado entregue derechos inscritos a los servicios sanitarios rurales, garantizándoselos cuando sus comunidades aumenten su población.

A continuación expuso Francisca Salazar, del pueblo Huaviña,quien representó a comunidades de los pueblos Licarantay, Coya, Diaguita, Quechua y Aymara, que acordaron una propuesta el 29 de octubre en un encuentro en Iquique.

Sobre la visión de los pueblos originarios sobre el agua, recordó lo señalado en el marco de la Declaración de Kyoto donde esta “desde la cosmovisión indígena tiene una importancia vital que trasciende la dimensión corporal de su necesidad y consumo.  La relación que tenemos con nuestras tierras, territorios y el agua constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia.  Esta relación con nuestra Madre Tierra nos obliga a conservar nuestra agua dulce y mares para la supervivencia de las generaciones del presente y del futuro”.

Y que por ende “la mejor expresión práctica de esta cosmovisión es precisamente el uso racional y respetuoso que hacen de este y todos los recursos que les brinda la naturaleza. Es por ello que los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades indígenas deben ser desarrollados desde un enfoque intercultural que valore y respete los conocimientos, leyes y formas de vida tradicionales que enseñan a estas comunidades a ser responsables, cuidando este obsequio sagrado que conecta y sostiene la vida”.

Con respecto a la discusión de la reforma al Código de Agua, Salazar indicó que lo primero es que sea sometido a consulta indígena según el Convenio 169 de la OIT. Junto a ello, que la Comisión de Agricultura sesione en Tarapacá.

En especial apuntó a un tema que ha sido controversial durante toda la discusión: las aguas del minero, que afecta particularmente a las comunidades del norte.  Sobre esto, pidieron que se regulen “porque dichos derechos afectan las cuencas no siendo objeto de fiscalización de ningún tipo, para lo cual se propone se elimine dicho artículo”.

También restitución de derechos y que el Código de Aguas establezca una normativa especial diferenciada por zonas, específicamente tratándose de la zona norte del país, dado que se trabaja bajo condiciones de escasez hídrica debido a que “gran parte de los derechos de agua fueron entregados a las empresas mineras, principalmente SQM”.

Además de Carmen Gloria Aravena, la Comisión de Agricultura es integrada por Ximena Rincón (DC), Felipe Harboe (PPD), Juan Enrique Castro (ind. RN) y Álvaro Elizalde (PS).