Este jueves, en la Sala del Senado, se llevó a cabo la votación, en general, de la polémica Ley Corta Antiterrotista, iniciativa que posee suma urgencia desde el 17 de julio y que ya fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra en la Comisión de Constitución.

El proyecto presentado por el Ejecutivo, pretende modificar el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas, según dicta el documento oficial.

Sin embargo, tras más de una hora y media de debate, la Sala decidió extender para este miércoles el debate y posterior votación de la ley corta antiterrorista.

Mano dura a La Araucanía

En su intervención en Sala, el senador de La Araucanía y presidente del Senado, Jaime Quintana, fue claro y enfático en señalar que “esta ley, que sólo busca entregar al Ministerio Público algunas herramientas investigativas que ya existen en las indagaciones sobre control de armas, tráfico de drogas y algunos ilícitos contra la propiedad: a) Interceptación de comunicaciones telefónicas; Entregas vigiladas; Agentes encubiertos e informantes regulados por la ley 20.000, y Agentes reveladores, tuvo como objetivo político y comunicacional, dar otra señal más de mano dura en la Región de La Araucanía”

En la misma línea, Quintana agregó que “(En La Araucanía) la ley anti terrorista ha sido absolutamente ineficaz y su persistente aplicación, por parte de todos los gobiernos, ha sido cuestionada por diferentes organismos internacionales producto de su invocación selectiva a grupos determinados de la sociedad, particularmente a las comunidades mapuche”. 

El senador de La Araucanía puso en la discusión el tema debido a los dichos de la ministra vocera de gobierno, justamente el día antes de la presentación de este proyecto al Senado, señalando en una entrevista: “Esperamos que la Nueva Mayoría lo apruebe, creemos que acá se necesita entregar herramientas a los fiscales y a Carabineros para poder detener y encarcelar a quienes están usando la violencia en toda la zona de La Araucanía”. 

En ese sentido, Quintana se preguntó: “¿Tuvo esta ley corta, separada de la ley que nos podría permitir debatir cuestiones de fondo sobre terrorismo, el verdadero objetivo de combatir eficazmente actos como los ocurridos hace dos semanas en Santiago?”  

Discusión de fondo 

El presidente del Senado, Jaime Quintana, en la votación señaló que la discusión partió la revés y que lo correcto y oportuno “es debatir sobre el fondo de una ley antiterrorista nacida en plena dictadura, con fines absolutamente ajenos al control y sanción del terrorismo en un Estado democrático, y que en democracia sólo ha tenido cambios menores, como aquellos realizados por las “Leyes Cumplido” o la modificación impulsada por el Presidente Piñera en su primer gobierno que eliminó la presunción”. 

“No corresponde seguir parchando una ley que tuvo como objetivo principal darle más herramientas al Estado para exterminar al enemigo político interno, como se entendía en esa época a un grupo de compatriotas. De ese nivel de contradicciones estamos hablando”, dijo el senador Quintana.

Por otra parte, Quintana fue crítico y cuestionó que “si es procedente seguir entregando atribuciones al Ministerio Público y a las policías, sabiendo que los resultados no han sido precisamente los esperados. El panorama actual, tanto en la Fiscalía como en las fuerzas policiales no es el mejor, y en el último tiempo hemos podido observar la ocurrencia de escandalosas situaciones. También tenemos que recordar hechos gravísimos, ocurridos justamente en la región de La Araucanía, como la Operación Huracán, y otras situaciones acaecidas con anterioridad, como las investigaciones de los casos Catrileo, Mendoza Collío, entre otros”. 

Es absolutamente evidente que este proyecto no aborda el problema de fondo. Estamos frente a una reforma menor, de un artículo, que tiene todas las dificultades que ya he expresado y que busca responder a una necesidad comunicacional del ejecutivo más que hacerse cargo de avanzar hacia una verdadera política de seguridad contra el terrorismo”, dijo el presidente del Senado.

Ley robusta

Asimismo, Quintana dijo que “es un imperativo que tengamos una ley anti terrorista moderna, eficiente y eficaz, que se adecúe a los estándares de derechos humanos que exige el mundo moderno y que responda a los desafíos que impone la era de la ciber seguridad”.

Finalmente, Jaime Quintana realizó un llamado al gobierno “a abandonar las consignas, a sentarnos y debatir en serio, y a dotarnos como país de una ley que delimite el concepto de terrorismo considerando elementos objetivos, que resguarde el Estado de derecho, al mismo tiempo que avancemos hacia un sistema de inteligencia robusto y aumentemos las penas a los funcionarios policiales que suplanten identidades, elaboren prueba falsa o desobedezcan órdenes judiciales”.

“Porque necesitamos una legislación que dé garantías, que sancione con dureza y eficacia y que proteja nuestra democracia. Debatamos en serio los temas de fondo. Para eso siempre tendremos disposición”, sentenció el legislador