“Mientras la agresión fantasma hace de las suyas todas las semanas en el Walmapu, los pueblos mapuche y chileno, por separado, salen derrotados por igual. Colgar la paz junto al diálogo, para portar con devoción metralletas compradas a los maniáticos de la guerra en el exterior, el único riesgo que corren todos es aumentar la cifra de muertos a través de balas, las que no se disparan sino a través de montajes y fuego”.

Escribe: Manuel Arismendi Poblete, periodista y licenciado en comunicación social, corresponsal internacional, canal HispanTV, delegado de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de La Araucanía.

Con la llegada de más tropas del Ejército chileno a dos provincias de la región del Biobío y a la región de La Araucanía, arrecia la tempestad que amenaza por inundar finalmente al gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, quien además, por una polémica gestión, transita por una  ascendente inflación económica, hecho que se añade al segundo aniversario del estallido social del 19 de octubre de 2019, mientras viene a la memoria la frase “estamos en guerra”, lanzada por el mandatario chileno, en ese entonces.

Para que arribe la tan anhelada paz en La Araucanía y se avance a un entendimiento civilizado, lo primero a descartar es el armamentismo, si es que se presume estar civilizado, en tanto seres humanos pensantes. Al contrario, poner las armas sobre la mesa e incluso, reforzarlas, el mensaje que se entrega es de belicismo, no solamente al interior de la sociedad, sino hacia el exterior. Preocupa la opción elegida, pues muestra que la chance política e ideológica no difiere a la del bombardeo a La Moneda. Los libros de historia darán cuenta de sus resultados, sobre los que se esperan no sean fatales, para nadie.

El Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, decretado por el presidente Piñera, se concreta tras conocerse detalles de sus negocios personales, ventilados por el escándalo de los Pandora Papers, donde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer los detalles de la compraventa de la Minera Dominga, motivo por el cual la Fiscalía lo indaga por eventual cohecho. Por este asunto la Fiscalía ha abierto una investigación, y en paralelo, Luis Mariano Rendón, abogado chileno, interpuso una demanda en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por esta transacción, ya que advierte en el Ministerio Público una eventual falta a las garantías necesarias, y prospere así una investigación “a fondo”, tal como lo manifestó en una de sus redes sociales.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por LaBot, medio que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el clan de Piñera era el mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, mientras llegaba a los nueve meses de regencia en el Ejecutivo. Dicho año, el amigo de infancia del mandatario, Carlos Alberto Délano, adquirió la participación a todos los socios, por 152 millones de dólares, llevando a cabo esta operación en las Islas Vírgenes Británicas.

Pero las investigaciones fueron más allá, ya que para vender Dominga se estipularon tres cuotas; para el pago de la última de las tres, por casi 10 millones de dólares, se debía establecer que la minera no tuviera una zona de protección ambiental, ya que obstaculizaría la implementación y las futuras operaciones de la misma, toda vez que la demarcación ambiental de la zona quedaba exclusivamente en manos del Gobierno de Sebastián Piñera, el que pese a las movilizaciones ambientalistas, no implementó ninguna protección.

En este episodio el mandatario manifestó que la transacción habría sido materializada sobre un fideicomiso ciego, y que no le habrían consultado ni informado «precisamente, para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses», adujo.

Esto desató la configuración de una nueva acusación constitucional contra Sebastián Piñera al interior del Parlamento; Cámara Baja y Senado, respectivamente, serán los clásicos ramales para que prospere o fracase este libelo congresista, a raíz de la compraventa, y si se concreta el trámite de los legisladores de oposición, podría apartar al mandatario por varios años de la administración pública, o lo que es peor, impedir que finalice su regencia del Ejecutivo actual, principalmente, por vulnerar el principio de probidad.

A estas alturas Piñera se atrinchera entre dos zanjas: una que cavó para sí mismo, con el envío de los militares a la Macrozona Sur, y la otra, que cavó su coalición derechista de partidos para apoyarlo en el Congreso e impedir la acusación, que son los mismos que hoy portan la candidatura de Sebastián Sichel: Evopoli, RN y la UDI.

Mientras la agresión fantasma hace de las suyas todas las semanas en el Walmapu, los pueblos mapuche y chileno, por separado, salen derrotados por igual. Colgar la paz junto al diálogo, para portar con devoción metralletas compradas a los maniáticos de la guerra en el exterior, el único riesgo que corren todos es aumentar la cifra de muertos a través de balas, las que no se disparan sino a través de montajes y fuego.

Únicamente el diálogo traerá la paz, no hay otros caminos.