La jueza de Garantía de Temuco Luz Mónica Arancibia Mena decretó hoy –martes 12 de julio- la medida cautelar de prisión preventiva para 3 imputados por el Ministerio Público, como autores de delito fraude al fisco, perpetrado el 22 de noviembre en dependencias de la Dirección Regional de Vialidad, región de La Araucanía.

La magistrada Arancibia acogió la prisión preventiva para los imputados Roxana Concepción Hernández San Martín, Rodrigo Adolfo Moller Jiménez y Yohana Alejandra Carrasco Ortega, por el riesgo de fuga que implica su libertad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público relató los hechos: “En el año 2011 la Dirección de Vialidad, elaboró un denominado “conservación caminos de acceso a comunidades indígenas, comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía” y para ejecutar dicha obra se procedió a su licitación el 5 de julio de 2011. Posteriormente, el seremi de Obras Públicas designo a la imputada Roxana Hernández San Martín, en su calidad de constructora civil, como inspector fiscal de obras de dicho contrato, que según las bases técnicas comprendía trabajos de conservación de 6 caminos de acceso a las comunidades indígenas: José Quinchahuala, Chenocahuin, Francisco Curallanca y Felipe Epulef de Loncoche. La ejecución del contrato fue adjudicado el 30 de agosto de 2011, a la empresa Sociedad Ingeniería Constructiva Limitada, representada legalmente por Yohana Carrasco Ortega, por un monto total que superaba los 225 mil millones de pesos ($225.619.396).

Agrega que “el imputado Rodrigo Moller Jiménez, esposo de Yohana Carrasco Ortega fue el responsable de contratar al personal y maquinaria para la ejecución material del proyecto y la inspectora fiscal del contrato Roxana Hernández San Martín, era la funcionaria pública que debía velar en terreno por la cantidad y calidad de la obras ejecutadas en concordancia con las bases del contrato. Además era la funcionaria responsable de certificar el avance de los trabajos ejecutados y exigir los informes que garantizaran que se cumplían las especificaciones técnicas del proyecto, calidad de materiales y el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales de los trabajadores contratados y subcontratados, visando con su autorización estos pagos parciales con dinero público al contratista. Como contraparte los imputados Rodrigo Moller Jiménez y Yohana Carrasco Ortega debían ejecutar las obras, acreditando la calidad de las obras mediante la instalación de un laboratorio de autocontrol de faenas.

Y señala “que la imputada Roxana Hernández, incumpliendo los deberes de probidad y profesionalismo propios del cargo de inspector fiscal que desempeñaba, sin contar con los informes necesarios para garantizar que se cumplían las especificaciones técnicas, el porcentaje de avance de las obras ni la calidad de los materiales, aceptando incluso obras no encargadas, procedió en contra de sus obligaciones, generando pérdidas al erario público a visar 6 estados de pago, para la empresa adjudicataria, defraudando al fisco al autorizar el pago de obras no ejecutadas; autorizando el pago de materiales y obras que no formaban parte del proyecto licitado; generando un perjuicio fiscal que supera los 46 mil millones de pesos ($46.812.260) equivalentes a 1.183,02 UTM del mes de abril de 2012”.