Con el objetivo de crear un sistema de diálogo y resolución participativa de conflictos, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, anunció la creación de los «Centros de Justicia Ciudadanos», a lo largo de todo Chile.

La actividad, realizada en la plaza Montt-Varas, frente al Palacio de los Tribunales, fue encabezada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y contó con la asistencia del presidente del Senado, Patricio Walker, la ministra de Justicia, Javiera Blanco; ministros del máximo tribunal del país; parlamentarios y más de un centenar de ciudadanos que participaron en la definición y articulación del proyecto.

Los centros ciudadanos de justicia tendrán entre sus atribuciones y objetivos la generación de una etapa preventiva de conflictos, que promueva la cultura del diálogo y fortalezca los medios comunitarios de resolución de controversias.

Quienes enfrenten un conflicto de cualquier tipo y no vean una salida o solución clara, podrán acercarse al Centro de Justicia Ciudadanos respectivo, lugar donde serán atendidos por un equipo multidisciplinario del Poder Judicial que les prestará la orientación legal necesaria, evaluará el conflicto y propondrá el mecanismo de solución que resulte más adecuado al caso, atendiendo particularidades personales, sociales y comunitarias.

Entre los mecanismos que podrán ser propuestos a las partes en esta inédita instancia destacan: iniciar un proceso de mediación o arbitraje; la facilitación y formalización de un acuerdo que hubiesen alcanzado las partes; la derivación a un mecanismo de facilitación comunitaria, incluidos el reconocimiento de los mecanismos de resolución propios de los pueblos originarios y la derivación a una entidad pública o privada para hacer efectivos derechos mediante la ejecución de un programa social.

En el caso de no tener resultados positivos, el conflicto pasará a conciliación, instancia en la que un juez guiará el proceso de generación de acuerdo entre las partes. Si este mecanismo tampoco resulta exitoso, se iniciaría un procedimiento judicial, en el cual el juez contará con las herramientas necesarias de gestión de casos para adecuar el procedimiento a las necesidades de las partes.

En el lanzamiento de la iniciativa, el presidente Muñoz sostuvo que «este es un desafío para el Poder Judicial y marca un hito en participación. Se han realizado muchos encuentros con cada uno de los sectores y todos están de acuerdo en que es necesario que se dé una oportunidad para que los distintos conflictos que están emergiendo en las comunidades puedan tener una solución temprana, no una solución tardía cuando se hace radical el conflicto que impide llegar a una solución que aparte la violencia de cada uno de ellos».

Proceso participativo

Los Centros de Justicia Ciudadanos constituyen un modelo creado con la participación de más de un centenar de representantes de diversos grupos, incluidos aquellos considerados más vulnerables. Cuyo trabajo, desarrollado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, consideró meses de diálogo y propuestas de colectivos y agrupaciones representes de mujeres, estudiantes discapacitados, migrantes, tercera edad, pueblos originarios, empresarios, pobladores y campesinos, todos quienes diagnosticaron sus carencias respecto del sistema de justicia e idearon formas para resolver sus problemas.

El modelo fue presentado a la Presidenta de la República por los voceros de los sectores participantes: Sofía Vargas, alumna del Liceo Miguel León Prado; Jean Baptiste Roody, representante de grupos de migrantes; Vanessa Curihuinca, representante de la comunidad Mapuche, y Álvaro García, gestor en prevención y solución de conflictos en el contexto de grandes inversiones.

El modelo –que tendrá una versión piloto en Antofagasta y La Araucanía– busca «dar la posibilidad de que antes de llegar a un enfrentamiento podamos construir un camino de entendimiento», dijo el presidente Muñoz, quien agregó que se pretende avanzar en la restauración y no en profundización de los conflictos, «la recomposición de los tejidos sociales, la cohesión y la inclusión van de la mano de la vigencia efectiva de los derechos de cada una de las personas y que puedan construiré una solución a sus problemas».

En tanto, la Presidenta Bachelet dijo que «la interacción entre las partes y el diálogo es lo que permite efectivamente construir acuerdos».

Junto con valorar la propuesta, la Primera Mandataria aseguró que: «Tenemos brechas de acceso y la propuesta que me acaban de entregar se hace cargo de esto. La creación de estos centros de justicia está orientada a quienes más dificultades tienen para acceder a los tribunales, porque se está ofreciendo un mecanismo de resolución de conflictos de relevancia jurídica, sin tener que llegar ante un juez. Y en ese sentido tiene un conjunto de aspectos positivos».

«Debemos ser capaces de construir una sociedad que se haga cargo de los conflictos y las diferencias que podamos tener, donde los ciudadanos puedan resolver esto, sin tener que llegar a juicio, porque lo mismo que vale para los vecinos, vale para todas las esferas de la vida social y política. Porque las diferencias no deben resolverse ante un tribunal, salvo como último recurso. Una sociedad robusta es aquella cuyos habitantes son capaces de resolver sus discrepancias dialogando», agregó Bachelet.

Promulgación de ley

En la ceremonia se promulgó, además, la ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para que el registro y el soporte de los procedimientos en la materia se efectúe a través de sistemas computacionales de acceso -vía internet- y otros medios electrónicos. Asimismo, en un esfuerzo mancomunado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, se firmó el mensaje del nuevo proyecto de ley que incorporará 110 jueces a un total de 82 juzgados de diversas materias a lo largo del país, para brindar un mejor servicio judicial a la ciudadanía.