En las próximas semanas un grupo de parlamentarios de Chile Vamos presentarán al gobierno el proyecto de resolución -aprobado en la Cámara Baja por 96 votos a favor- donde se solicita a la Presidenta Michelle Bachelet mandatar a los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social para que se adopten incentivos tributarios a las empresas que obtengan el sello «Chile Inclusivo”.

Al respecto, el diputado Diego Paulsen (RN) –uno de los impulsores de la iniciativa- aseguró que estas medidas son necesarias ya que “mejoran las condiciones laborales y de remuneraciones de las personas con discapacidad quienes siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones en los distintos ámbitos de la vida social y laboral”.

“El trabajo dignifica a la persona, le permite utilizar sus capacidades y ponerlas al servicio de otros a través de lo que realiza, es un medio para alcanzar la autorrealización, aumenta la autoestima, favorece la independencia, permite obtener un ingreso económico, disminuye brechas, particularmente para personas en situación de discapacidad y facilita la participación en la vida de comunidad”, argumenta Paulsen.

Por lo mismo, sostiene el diputado, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja comenzó a legislar para eliminar ciertas barreras en el acceso al empleo que estos años han estado perjudicando a las personas con discapacidad, cifra que en Chile llega al 10% de la población.

“Cuando la Convención habla de promover en el sector privado políticas que incluyan programas de acción afirmativa, creemos que puede contribuir a dicha política incluir incentivos tributarios para fomentar la obtención del ‘Sello Chile Inclusivo’. Así, establecemos estas medidas de acción positiva de forma complementaria a otras que contribuyan a que el sector privado se vaya sumando a la contratación de personas con discapacidad”, manifestó Paulsen.

En concreto, la propuesta busca que “el Estado al momento de celebrar contratos lo haga prioritariamente con los postulantes que empleen a personas con discapacidad y, entre ellos, a los que otorguen mejores condiciones de empleo y remuneración a estos trabajadores. Y también que se contemple en sus licitaciones la preferencia en la adjudicación de sus contratos a favor de empresas, públicas o privadas, que tengan en su plantilla de trabajadores un número de personas con discapacidad igual o superior al 4% y/o cuente con el ‘Sello Chile Inclusivo’”.

Finalmente, el diputado Paulsen expresó que “sin duda falta una política nacional sobre esta materia, pero este tipo de propuestas ayuda a que se incrementen las oportunidades laborales de estas personas que sufren algún tipo de discapacidad y quienes con estos incentivos seguramente podrán aportar a la sociedad como cualquier chileno”.