Durante una sesión especial convocada para tal efecto, el Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que modifica materias relativas a los funcionarios municipales y entrega nuevas atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

La iniciativa contó con un contundente respaldo por parte de los 35 senadores presentes en la sala, ya que todos ellos apoyaron en general la iniciativa, con lo cual autorizaron el inicio de su análisis en particular en la Comisión de Gobierno y, a la vez, acordaron dar plazo hasta el 31 de agosto próximo para introducir indicaciones al texto propuesto por el Ejecutivo.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, dijo estar muy satisfecho con la “señal dada por los legisladores al aprobar por unanimidad el proyecto, lo que marca un auspicioso inicio para lo que será el debate en particular. Por lo tanto, la normativa está avanzando de buena manera, al menos en esta etapa”, señaló.

En cuanto a las observaciones hechas por los senadores de oposición que intervinieron en la sesión, la autoridad afirmó que ya se han acordado algunas indicaciones con los parlamentarios en el seno de la Comisión, mientras hay otras que se van a estudiar.

Agregó que el Ejecutivo tiene toda la disposición de avanzar de la mejor manera posible buscando acuerdos con todos los sectores, incluyendo a las asociaciones gremiales de trabajadores municipales, pero reconoció que no será posible acoger todas las aspiraciones atendiendo la situación económica que vive el país.

No obstante, el subsecretario Cifuentes enfatizó que el proyecto representa un enorme esfuerzo por parte del Gobierno, ya que implica un significativo aporte adicional de recursos. En este sentido, informó que “en total al año 2018, sumando los 36 mil millones de pesos que incluye la iniciativa y los otros 30 mil millones que anualmente se aportan desde el año 2014 al Programa de Mejoramiento de la Gestión, que también impactan las remuneraciones de los funcionarios, vamos a aumentar en casi once veces el aporte que hace el gobierno central al Fondo Común Municipal, lo que es un dato absolutamente decidor”.

Cabe destacar que este proyecto forma parte de la Agenda de Descentralización política y administrativa del país que está impulsando el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Su objetivo es dar respuesta al creciente aumento de responsabilidades de las municipalidades, fortalecer sus recursos humanos, y establecer obligaciones de información y rendición de cuentas en esas materias.

La iniciativa es fruto del Protocolo de Acuerdo para la Modernización del Sistema Municipal, firmado el 14 de noviembre del año pasado, entre la SUBDERE, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y la propia UFEMUCH, en el que se identificaron cuatro líneas de trabajo: responsabilidad fiscal; recursos y competencias; fortalecimiento de los recursos humanos, y participación comunal.

El proyecto en discusión traduce los acuerdos del capítulo sobre recursos humanos, mientras que las otras materias serán recogidas en los proyectos de ley sobre financiamiento regional y municipal, y de responsabilidad fiscal, que serán enviados al Parlamento durante el presente semestre.

EL PROYECTO

Faculta a las municipalidades para disponer, cada 10 años y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, el aumento de sus plantas de funcionarios, con especial focalización en cargos de profesionales y técnicos, a propuesta del alcalde, acuerdo del Concejo y previa consulta de la opinión de las asociaciones de funcionarios vigentes.

La fijación o modificación de plantas no podrá efectuarse en un año que corresponda a elecciones de Alcaldes o Concejales, debiendo ello realizarse dentro del año subsiguiente.

Amplía el límite máximo del gasto en personal de planta, desde un 35% hasta un 40% de los respectivos ingresos propios municipales. En el caso de los funcionarios a contrata, el límite se aumenta desde un 20% a un 40% del gasto en personal de planta.

Dispone el pago de la asignación profesional a los funcionarios municipales que estando en posesión de un título profesional, se desempeñen en las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, tal como sucede con sus pares que prestan servicios en la Administración Central.

Reconoce a los funcionarios municipales que han dejado sus cargos, el derecho de acceder al bono post laboral, siempre que, cumpliendo con los requisitos exigidos para ello, lo hayan solicitado en dicha oportunidad pero se les haya negado fundado en las razones que se establecen.

Establece mejoras de grados para el personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, el que será encasillado, por el sólo ministerio de la ley, en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular.

Los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional, tendrán derecho a un bono especial, imponible y tributable que ascenderá al equivalente a 4 veces el monto que les corresponda recibir por dicha asignación. Asimismo, también tendrán derecho a un bono especial, calculado en la forma que se dispone en el presente proyecto de ley, quienes se encuentren cumpliendo funciones en cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares.

Regulariza situaciones referidas a incrementos previsionales.

Obliga a las municipalidades a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública una serie de antecedentes relacionados con personal y recursos humanos. Además, deberán informar a la Subsecretaría cada vez que una municipalidad establezca modificaciones a su planta de funcionarios.

Aumenta, a partir del año 2018, el aporte fiscal al Fondo Común Municipal, desde 218.000 UTM a 1.052.000 UTM.