“No son nuevas las propuestas que buscan instaurar un modelo semipresidencial en Chile. Elgie (1999) definió el semipresidencialismo como un sistema en el que un presidente popularmente electo coexiste con un primer ministro y gabinete políticamente responsables ante el parlamento”.

Escribe: Christopher Martínez Nourdin, PhD, Loyola University Chicago, Profesor Asociado, Ciencia Política, Universidad Católica de Temuco. christopher.martinez@uct.cl

No son nuevas las propuestas que buscan instaurar un modelo semipresidencial en Chile. Elgie (1999) definió el semipresidencialismo como un sistema en el que un presidente popularmente electo coexiste con un primer ministro y gabinete políticamente responsables ante el parlamento.

Una de las razones que se esgrime para adoptar el semipresidencialismo es que permitiría redistribuir poder desde el ejecutivo hacia el legislativo. Sin embargo, esto no es correcto. Mientras en el sistema presidencial el legislativo es autónomo del ejecutivo, en el semipresidencialismo el presidente retiene la atribución de disolver al legislativo, algo que bajo la separación de poderes del sistema presidencial no es posible. La disolución, entonces, inclina la balanza de poder hacia el ejecutivo en desmedro del parlamento. No es sorpresa, entonces, que de acuerdo con el índice de Varieties of Democracy que compara la capacidad del legislativo para limitar el poder del ejecutivo, Chile lo haga mejor que países semipresidencialistas como Francia, Portugal, Irlanda y Ucrania.  Es decir, la actual separación de poderes en Chile permitiría que el Congreso equilibre el poder del presidente de mejor manera que en casos icónicos del semipresidencialismo.

También se argumenta que la mayor ventaja del semipresidencialismo sería su flexibilidad para evitar bloqueos. No obstante, esto necesita ser matizado. Los bloqueos sí ocurren, pero de manera diferente al sistema presidencial. Por ejemplo, una comparación de países con regímenes presidencialistas, parlamentarios y semipresidencialistas (1980-2018) nos muestra que estos últimos son los que poseen los gobiernos más breves, con 3,2 años, en promedio (Krauss y Kroeber 2020; Martínez 2020). Los gobiernos pueden caer por desacuerdos (bloqueos) entre el ejecutivo y el legislativo. La corta duración de gobiernos trae consigo dos consecuencias. Primero, las coaliciones y partidos en el parlamento deben gastar más recursos negociando para crear, mantener y terminar gobiernos, los cuales podrían dedicarse, por ejemplo, a discutir proyectos de ley importantes para la ciudadanía. Segundo, la menor duración de las administraciones en el semipresidencialismo podría incentivar programas de gobiernos cortoplacistas. Si una de las críticas a la política chilena en décadas pasadas ha sido su poca visión de largo plazo, imaginemos cómo sería en un escenario en que los gobiernos “sobrevivan” menos tiempo.

A lo anterior se le agrega otro elemento importante, que es el tiempo que demoran los partidos en negociar y formar un nuevo gobierno, i.e., otro tipo de bloqueo. Como sostiene Fontaine (2021), durante esos periodos el país posee un gobierno en “funciones”, transicional, pero sin poder real. Entre 1980 y 2018, los países semipresidencialistas de Europa estuvieron 602 días sin gobierno, en promedio (Krauss y Kroeber 2020). Bulgaria registra el número más alto con 1.813 días, seguido por la República Checa con 1.336 días, mientras Francia posee el mínimo con 214 días en el mismo periodo. La pregunta es si, considerando el estado actual de nuestro sistema de partidos (más fragmentado y polarizado), el eventual semipresidencialismo en Chile se parecería más al caso francés o al búlgaro.

Se podría argumentar que los problemas del semipresidencialismo pueden ser suplidos por un buen funcionamiento del sistema político. Pero, tampoco hay evidencia de aquello. En su análisis de 173 países, Sedelius y Linde (2018) no encontraron diferencias significativas entre parlamentarismo vs. presidencialismo y semipresidencialismo de premier al comparar sus desempeños en nivel de democracia, derechos humanos, corrupción, efectividad del gobierno y desarrollo humano.

En el debate actual hay un desbalance a favor de los potenciales beneficios del semipresidencialismo, incluso con imprecisiones, mientras se omiten sus desventajas. No existe evidencia contundente de que al cambiar a un modelo semipresidencial tendremos un sistema político que funcione mejor en áreas clave de la vida democrática, sin mencionar el costo de aprendizaje asociado a su implementación. La pregunta “¿por qué el semipresidencialismo?” sigue sin una respuesta categórica.