El rumor se había dado a conocer el lunes, pero se ratificó durante la semana. Desde el oficialismo valoraron la medida donde el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar indicó que, “se necesitan todos los instrumentos del Estado para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, algo que el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado aseveró que la medida se justifica y que la presencia militar, “busca la colaboración logística”.

Desde la vereda opositora se habla de un fracaso del Gobierno, “la militarización nunca será la respuesta, algo que Piñera y su sector jamás ha entendido” aseguró la Convencional Rosa Catrileo. El INDH fue enfático en manifestar que, “representa incapacidad de hacer prevalecer los caminos del diálogo», mientras que el alcalde de Temuco, Roberto Neira aseguró que, “el Estado de Excepción es para gobierno débiles”.

Sin embargo, las experiencias internacionales de combatir el “narcotráfico” y el “terrorismo” llevando a militares ha generado mayor espacio de violencia y se refrenda la frase del “populismo punitivo” de Nelson Arteaga Botello. ¿Ejemplo? México con Felipe Calderón, ejecutó la “Operación Michoacán” en 2006 y provocó durante su mandato más de 100 mil muertes y 27 mil desapariciones, incluido desplazamiento de comunidades completas.

Todo este cóctel explosivo presentado por el Gobierno de Piñera se da bajo dos contextos: el primero, su escasa aprobación en las encuestas a cinco meses de terminar su mandato y golpeado por los Pandora Papers que lo tienen ad portas de una acusación constitucional previa elecciones presidenciales.

Escribe: Claudio Núñez Q.

Hasta que se cumplió. Finalmente, el Gobierno logró durante el día martes decretar Estado de Excepción en La Araucanía, además del Bío Bío y Arauco debido a los hechos de violencia registrados en la zona, donde el Mandatario Sebastián Piñera dijo que, «esta grave situación requiere que el Estado haga uso de todos los medios y capacidades institucionales, y de todos los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para poder proteger a la población».

“De acuerdo a este decreto, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones. También podrán prestar apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia. De acuerdo al decreto que establece este Estado de Excepción, las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”, indicó el Presidente, donde además se indicó que los jefes de zona de las Fuerzas Armadas serán, el almirante Jorge Parga en la Región del Biobío y el general Lionel Curti en La Araucanía.

Fue el Diario Oficial, tras la toma de razón de la Contraloría, que durante la noche del miércoles publicó el Decreto que establece la medida por 15 días prorrogable otros 15 días más. Pero si quiere volver a una extensión, deberá hacer la consulta al Congreso. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, el bloque opositor estos últimos días presentó una Acusación Constitucional en su contra por el caso de los Pandora Papers, y la pregunta es si tendrá los votos necesarios para una prórroga.

Agradecidos con la medida

Desde la bancada RN, la senadora Carmen Aravena dijo que, “se trata de una decisión valiente y muy necesaria, pues llevamos años viviendo acompañados del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado y al igual que todos los chilenos merecemos vivir en paz, porque es un derecho de todos que hace mucho no podemos ejercer”. Similar opinión fue la del parlamentario José García Ruminot, “estamos cumpliendo con esa primera obligación del Estado de proteger a la inmensa mayoría de la población que quiere vivir en orden, paz, tranquilidad y progresar junto a sus familias”.

Misma línea fue la del diputado Miguel Mellado aseverando que, “muchos dirán que La Araucanía será militarizada, pero desconocen que ya lo está desde hace tiempo debido a la presencia de narcoterroristas con armas de alto calibre que siembran el temor (…) Esperamos que, al tomar el mando, las Fuerzas Armadas puedan desarticular a la CAM y otras organizaciones terroristas y logren entrar en lugares donde desde hace años no ingresa ningún chileno”.

Finalmente, el parlamentario Jorge Rathgeb indicó, “este decreto es para otorgar seguridad a un gran número de chilenos y que contribuirá a asegurar el abastecimiento de alimentos para toda la población, porque hoy muchos predios no han podido cultivar debido a la usurpación”.

“Es para Gobiernos débiles”

En tanto, desde la vereda opositora, cuestionaron duramente la medida y fue el actual parlamentario Ricardo Celis quien aseveró en sus redes sociales que, “el Gobierno llega tarde y demuestra no haber comprendido absolutamente nada de los tres años y medio que lleva respecto a de las soluciones que deben alcanzarse” aseverando que, “no es la medida más adecuada porque en 15 días o máximo en un mes, no se va alcanzar a hacer absolutamente nada de lo que el Gobierno no ha hecho en tres años y medio, lamentablemente”.

Mientras que la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), la decisión del Ejecutivo «es una demostración que este Gobierno y al Presidente, Sebastián Piñera, no le interesa para nada el diálogo político y tampoco quieren resolver el tema de las restitución de tierras. Lo que están anunciando no es novedoso, la militarización en La Araucanía lleva años y no soluciona nada, solo contribuirá a más enfrentamientos», añadiendo que, «A mí me da la impresión esto es una cortina de humo para desviar la atención de los Pandora Papers, que tienen al Presidente siendo acusado constitucionalmente».

Similar línea fue la Convencional mapuche Rosa Catrileo, quien sostuvo que, “la militarización nunca será la respuesta, algo que Piñera y su sector jamás ha entendido”, mientras que el convencional de PC Marcos Barraza indicó que, “este estado de excepción muestra el fracaso de la política del Gobierno y muestra el rasgo autoritario y antidemocrático del Presidente Sebastián Piñera”.

También el alcalde de Temuco, Roberto Neira, cuestionó la medida del Gobierno señalando en el programa Hola Chile de La Red que, “el Estado de Excepción es para los gobiernos débiles, los que no tienen otra forma de solucionar el conflicto. El conflicto en la región de La Araucanía se soluciona dialogando (…) la búsqueda de una solución no sólo está en manos del Gobierno sino que también porque hay que reconocer lo que están haciendo los rectores de las universidades, convocaron al Instituto Nansen, “el diálogo es para los valientes”, entonces nos encontramos con diversas sorpresas, son cortinas de humo que no tienen ninguna solución. Es una falta de respeto a las autoridades electas. En lo personal no estoy de acuerdo”.

El INDH cuestionó esta medida asegurando que, «representa un fracaso que el Estado de chile termine involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI)», asimismo enfatizando lo peligroso de esto porque puede que «se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables».

Un símil a ¿México?

Esta medida se acerca mucho al concepto del “populismo punitivo”, que lo describe perfectamente el investigador de la Flacso en México, Nelson Arteaga Botello, en su libro “En busca de la legitimidad: violencia y populismo punitivo en México”, donde lo define de la siguiente manera: “los gobiernos, al no saber o no tener los recursos para resolver las demandas reales de la sociedad, como empleo, vivienda, salud, educación, etc., crean en la población una necesidad, es decir, hacen creer a los ciudadanos que las otras demandas son menores a la de combatir con toda la fuerza del Estado al narcotráfico, terrorismo, secuestro, etc., y desplegar enormes cantidades de efectivos en las calles para que la sociedad sienta que la necesidad primordial, es decir, “seguridad” está siendo cubierta por el Estado y, por tanto, las demás demandas pueden esperar; esto genera un impacto inmediato y es perfecto para legitimar gobiernos que nacen de procesos cuestionados”, donde añade un punto muy importante, “el peligro de que al combatir enemigos emblemáticos y con pocas posibilidades de victoria, la sociedad pueda comenzar a hartarse de una lucha eterna”.

Bajo esta premisa fue el Gobierno de Felipe Calderón que dio comienzo a la guerra contra el narcotráfico realizando la “Operación Michoacán” en 2006, y que, si bien tuvo un buen comienzo porque redujo las operaciones de los cárteles mexicanos en su momento, aunque estos siguieron operando en otras zonas de México y Centroamérica. Pero, en los años siguientes dejó una muy mala percepción en la ciudadanía azteca, según la encuesta Gea-Isa a fines de 2009, donde el 40% cree que los operativos contra el crimen organizado han sido un fracaso total, asimismo, la encuesta señala que 46% de los ciudadanos considera que la inseguridad en el país ha aumentado y sólo 9% opina que ha disminuido. Por último y bajo la pregunta: ¿Qué tanto éxito cree usted que está teniendo el gobierno de Calderón en materia de seguridad?, 77% de la población piensa que no ha tenido mucho éxito, concluyendo que estas medidas fueron una guerra perdida.

Además, se suman las lapidarias cifras que dejó el conflicto: 100.000 personas fallecidas y la desaparición de otras 27.000, datos de la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Publica, además del desplazamiento de comunidades y pueblos completos. En este último punto, no se conocen las cifras exactas.

Volviendo a La Araucanía y el concepto de “populismo punitivo”, fue el director del Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolás Rojas Pedemonte, al medio El Mostrador, quien indicó que lo aplicado por el Gobierno en la región es “populismo punitivo” ya que es «una medida orientada a la política de espectáculo, tenemos un gobierno con necesidad de apoyo político, está en una situación muy frágil, en La Araucanía hay una clientela política muy muy importante, sectores empresariales una extrema derecha muy organizada, muy empoderada, hay una necesidad de apoyo electoral» añadiendo que, «La clase dirigente busca inviabilizar al pueblo mapuche como actor político, y es muy rentable hacer estas asociaciones y hablar como si el pueblo mapuche fueran narcotraficantes, como si se asociara a la población de La Dehesa con el narcotráfico que existe en Lo Barnechea es así de arbitrario».

Un problema que, de acuerdo al Gobierno, con la intervención de militares en las zonas de conflicto, pueda tener un efecto positivo y reducir los problemas que azotan la Macrozona Sur. Sin embargo, desde que rigió el Estado de Excepción por la situación del Coronavirus en La Araucanía ocurrieron dos muertes en 2021. La primera la del Cabo Naín en Metrenco y la otra de un oficial de la PDI tras un fallido operativo para incautación de drogas, además de diversos ataques incendiarios que el mismo Barómetro de la Multigremial señaló en su momento que habían aumentado los atentados a un 42% en la Macrozona Sur durante el mes de febrero de este año. Ahora ¿tendrá el efecto esperado?

N. de la R: Sobre la Encuesta Gea-Isa, se extrajo del texto, “La guerra contra el narcotráfico: ¿una guerra perdida?”, de Jorge Enrique Pérez Lara.