“El régimen de pensiones y de seguridad social; el funcionamiento de la salud pública, especialmente en sus accesos; la capacidad de la autoridad para enfrentar contingencias tan graves como las actuales; entre otras consideraciones, se encuentran con trabas propias de una constitución, cuya base doctrinaria tiene que ver con la idea de un Estado subsidiario y no con un Estado social de derechos”

Por Francisco Huenchumilla, Senador

Puede parecer razonable que hoy la discusión acerca del itinerario electoral del país, acordado por todas las fuerzas políticas no esté en la primera preocupación de las personas y de sus representantes o autoridades.

Pero también es cierto que, un conjunto importante de elementos que habrían ayudado a enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo, son imposibles de asumir, en función de las consideraciones propias del marco constitucional que nos rige.

Ello hace que, sin dejar de privilegiar la preocupación por la crisis, no se deje de lado la necesidad de avanzar en un proceso constitucional para darle al país una Constitución acordada por todos los ciudadanos, en un marco de discusión democrática, que garantice que, efectivamente, el orden que nos demos, sea aquello que represente al conjunto de la sociedad y no solo a algunos.

Es por ello que las declaraciones del Presidente de la República y del ministro del Interior, anticipándose a señalar cierta inconveniencia de la fecha del plebiscito, sea tan inoportuna como sospechosa.

Todos sabemos que el gobierno y los partidos de derecha se allanaron a un acuerdo al respecto, impelidos por la necesidad de disminuir la presión de la movilización social, muy mayoritariamente apoyada por los ciudadanos y que, por propias declaraciones, incluso de algunos firmantes, se han realizado diversos esfuerzos por morigerar el empeño en llevar adelante el proceso acordado.

El régimen de pensiones y de seguridad social; el funcionamiento de la salud pública, especialmente en sus accesos; la capacidad de la autoridad para enfrentar contingencias tan graves como las actuales; entre otras consideraciones, se encuentran con trabas propias de una constitución, cuya base doctrinaria tiene que ver con la idea de un Estado subsidiario y no con un Estado social de derechos, como existe en democracias más avanzadas, que ha permitido a sus gobiernos, más allá de su ideología, ser mucho más activos para proteger a sus ciudadanos, frente a las contingencias, especialmente económicas, fruto de la disminución de la actividad, para hacer frente al confinamiento necesario.

No es bueno, por tanto, que desde muchos sectores, incluso del propio oficialismo, se rechace el apresuramiento gubernamental, que pone en entredicho la realización del plebiscito de octubre.

Entre las muchas lecciones que deberemos sacar, todos, de este período complejo, el avanzar en desarrollar formas de relación, entre personas que pensamos distintos y, por lo tanto, ofrecemos al país opciones diferentes, tengamos la capacidad de generar la confianza necesaria, para poner por delante los intereses comunes, más que los de cada legítima opción política.

Y, para ello, el principal requisito es mantener, con honor, la palabra empeñada. Ello no se desprende de la intervención del Presidente y su ministro del Interior.

En un par de meses más, será el momento de discutir si están las condiciones objetivas, para el plebiscito de octubre. Anticipar esa discusión no parece muy razonable.