Por Diego Durán, Académico e Integrante del Grupo de Investigación “Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile” de la Universidad Autónoma de Chile

Los resultados del estudio efectuado por la Contraloría General de la República, en relación con la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en Chile, no solo reflejan una pérdida de confianza en las autoridades, sino que también nos arroja una serie de datos, bajo los cuales se pueden construir las políticas públicas para el combate activo a este flagelo.  

Las cifras entregadas en materia de denuncia de los delitos de corrupción, evidencian que, si bien se señala que al menos la mitad de las personas encuestadas han presenciado actos reñidos con la ética pública, de estos menos de un tercio ha señalado que ha realizado las denuncias correspondientes. 

De acuerdo al estudio, más de la mitad de las personas que no denuncia lo hace porque desconfía de las instituciones que llevan a cabo estas investigaciones, mientras que otro 40% considera que estas denuncias no tendrían sanción alguna. 

En relación con lo anterior, el Estado de Chile tiene un desafío en restablecer las confianzas con la ciudadanía, mediante el correcto ejercicio de la fiscalización a entidades públicas.   

Pero, por otro lado, a nivel de la administración pública y de la ciudadanía en general, es menester instalar a la probidad pública como un valor transversal a la sociedad, en el cual se refuerce desde las escuelas de formación de los futuros profesionales, expertos en la gestión pública, en las instituciones estatales e, inclusive, desde el mismo sistema escolar, a través de la generación de políticas educativas que realcen la importancia de la educación cívica y los valores ciudadanos.  

Asimismo, y tal como ha indicado el estudio, se hace evidente generar más acciones de fiscalización y atribuciones por parte de la Contraloría en la materia, lo cual, en virtud de los antecedentes, es necesario considerar especialmente en aquellas materias e instituciones en las cuales han existido varios de los casos más importante de corrupción de los últimos años. 

Por otro lado, es imperioso que la propia institución pueda fortalecer o mejorar su capacidad operativa en materia de las denuncias de los ciudadanos, ya que en algunos casos no se ajusta ni en oportunidad ni calidad de respuesta que esperan los denunciantes.  

Finalmente, es un rol fundamental del aparataje público efectuar todo tipo de acciones dentro del marco de la legalidad para establecer políticas anticorrupción, como a su vez, desde el propio Estado se debe fomentar el fortalecimiento y participación de las instituciones de la sociedad civil tanto en su accionar como en sus atribuciones. Sin el apoyo de este tipo de instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, cualquier acción en la materia se verá truncada. 

Chile se enfrenta al peligro latente de la corrupción y es tarea de todos colaborar en vencer a este mal endémico, en post del resguardo del fortalecimiento institucional de nuestro sistema democrático y, más importante aún, para restablecer desde la gestión pública, las confianzas entre el Estado y las personas.