“… quienes confían sus ahorros a un banco le pagan una tasa del orden del 4% anual como captación y al momento de pedir un crédito le cobran un 30%. Ahí se explican parte de las exorbitantes utilidades de los proveedores de servicios financieros”.

Escribe: Eugenio Tuma Zedán, ex Senador.

En el último informe sobre Tasa Máxima de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Bancos), señala  que desde la publicación de la nueva Ley que rebajó la tasa máxima convencional se habrían desbancarizado – salieron del mercado formal – entre 202.000 a 275.000 usuarios.

Esta situación se explicaría (según ellos), porque que dichas personas no serían sujetos de crédito debido al mayor riesgo que implica su operación considerando la rebaja de la tasa máxima que impulsamos en Congreso y que se publicó como Ley el 2014.  Si eran viables con créditos más caros con mayor razón lo serían con intereses más bajos.

Esta baja en la tasa de interés de los créditos pequeños, es la más importante en 40 años implicó disminuir las tasas para los tramos de créditos más pequeños, precisamente a los que acceden las familias de menos ingresos a quienes se les aplicaba tasas de interés que llegaron al 57%. Una usura legal. 

En concreto esto implicaba que si Ud. tomaba en un crédito de $1.000.000 anualmente el banco le cobraba $ 570.000 sólo por concepto de intereses. Luego de la nueva Ley, la tasa se rebajó a un 30%, es decir solo pagará $300.000, interés que aún resulta oneroso, pero fue un alivio para millones de familia que dependen del crédito para subsistir,  esa bicicleta que permite cubrir gastos esenciales como alimentación, remedios, vestuario o educación.

Debemos reconocer el rol que juega el crédito en las familias de ingresos bajos y medios para cubrir necesidades esenciales frente a la insuficiencia de los aportes del Estado para garantizar bienes públicos como salud, educación, vivienda o capital de trabajo para la pequeña y microempresa. En enero de 2020 – antes de la pandemia- el Banco Central informó que la deuda de los hogares llegó al 75% en relación al porcentaje de los ingresos disponibles.

Es decir, de cien mil pesos de ingresos 75 mil están comprometidos para responder a las operaciones de crédito. No hay duda del rol que el crédito tiene en la vida y subsistencia de las familias chilenas. 

En este contexto, resultan paradojales las conclusiones de la Comisión para el Mercado Financiero CMF, quienes estiman que la salida del sistema formal se debe a que las tasas máximas ahora son más bajas y pongan en el centro de la discusión el aumento de préstamos ilegales, porque no es aceptable insinuar que para combatir el crédito informal se deban reponer tasas usureras u otras medidas que beneficien a la banca y al retail.

Seamos francos, una de las razones que podemos encontrar en la desbancarización es que para el negocio crediticio y bancario no es rentable atender millones de usuarios que acceden a pequeños créditos, la banca no tiene un sentido social y el BancoEstado intenta cumplir ese rol, bajo la dirección de presumidos directorios de todos los colores, ha intentado asimilar al modelo elitista y de alta rentabilidad que exhibe la banca privada. Es un sector económico acostumbrado a las altas rentabilidades, en el mes de febrero de este año post estallido y Pre-pandemia  los bancos en Chile aumentaron sus utilidades en un 18% los últimos doce meses logrando un incremento de 473 mil millones de pesos de renta para sus dueños, mientras las pymes, sus clientes, tenían los peores resultados de los últimos cincuenta años. 

La industria financiera presenta baja competencia. Cuatro entidades privadas concentran el 62% de las colocaciones (junio 2019) y los tres mayores bancos concentran el 66% de las utilidades. Los precios de los créditos no tienen relación con sus costos, quienes confían sus ahorros a un banco le pagan una tasa del orden del 4% anual como captación y al momento de pedir un crédito le cobran un 30%. Ahí se explican parte de las exorbitantes utilidades de los proveedores de servicios financieros.

Por ello, el malestar y descontento que se ha expresado con la institucionalidad en todas sus expresiones también se expresó contra los abusos del mercado financiero, el alto costo del crédito, la inexplicable exclusión de los emprendimientos a las fuentes de financiamiento.

El crédito cumple un rol social  y es allí donde se requiere políticas públicas para garantizar el acceso o proveer los bienes públicos en cantidad y calidad que requiere el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.