Ayer por la mañana, en una clínica de Capital Federal, murió el ex fiscal Julio César Strassera, producto de una infección intestinal, tras dos semanas de internación.

Desde 1985, Strassera se había convertido en un símbolo de los derechos humanos por la acusación a las Juntas Militares.

En primera instancia, el presidente Raúl Alfonsín había decidido que la Justicia militar juzgara a sus pares. Pero frente a las dilaciones castrenses, ordenó que los enjuiciara la Cámara Federal. Se necesitaba un fiscal que acusara. Strassera tuvo 24 horas para tomar la decisión. Hasta entonces, no existían precedentes de un juicio al terrorismo de Estado. Las democracias –en España, Portugal y luego en Chile, Brasil o Uruguay– se desarrollaban como transiciones negociadas con los gobiernos de facto. Strassera buscó colaboradores y encontró a Luis Moreno Ocampo, al que no conocía. Ya existía un corpus, el Nunca Más, que había recogido alrededor de 9 mil casos de denuncias de secuestros y desapariciones.

La tarea de Strassera era probarlo. Demostrar la responsabilidad de las Juntas Militares en la creación de un aparato de poder desde el Estado para perpetrar la privación ilegítima, la tortura, las desapariciones y los robos de bebés nacidos en cautiverio.

Su objetivo también consistía en desarticular la defensa política de los militares, que argumentaba que una guerra con “excesos” contra la guerrilla, amparados en dos decretos de aniquilamiento firmados en 1975 por el gobierno de Isabel Perón.

Strassera tomó 711 casos y convocó a los testigos frente a la Cámara Federal para un relato de más de 900 horas de audiencia, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Desde entonces, la sociedad argentina comenzó a escuchar las voces inaudibles de los centros clandestinos. El juicio no llegó a ser televisado en directo. Sólo se pasaban fragmentos de tres minutos de imagen de las audiencias diarias, sin sonido, para conmover a la opinión pública y no forzar más la presión militar sobre el gobierno de Alfonsín, en un tiempo de amenazas de bombas en los colegios y reales planes de desestabilización de los “grupos de tareas”, la “mano de obra desocupada”, como se la conocía entonces. De otro quiebre democrático podría sobrevenir una nueva tragedia. También, para no sensibilizar al Partido Justicialista, que había apoyado la “autoamnistía de los militares” en 1983, Alfonsín decidió no enjuiciar los crímenes de la Triple A entre 1973 y 1976.

El audio de alegato de Strassera fue transmitido de manera casi clandestina por Radio Colonia. El video que lo convertiría en uno de los símbolos de la recuperación democrática no se emitiría en televisión hasta 1988. “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca Más’”, reclamaría Strassera el 9 de setiembre de 1985, día en que cumplió 53 años.

La sentencia –con penas de reclusión perpetua para Jorge Videla, Eduardo Massera y 17 años de prisión para Roberto Viola, entre otros– coronaría su labor, de haberse colocado a la altura del momento histórico.

Después su vida continuaría con sus costumbres de siempre, en la fiscalía de Tribunales, su café en la barra del Petit Colón y la caminata hasta su casa de Marcelo T de Alvear y Montevideo, matizada con recepciones de Estado, exposiciones en universidades, para transmitir la experiencia del juicio oral y hacer conocer su colosal tarea contra la impunidad.

Afiliado a la UCR, titular de la APDH, Strassera dedicaría un “Nunca Más” para Menem por los indultos y criticaría al kirchnerismo por haber “monopolizado el tema de los derechos humanos”. Había nacido en 1933.