Miguel Jara Zapata habla sobre los problemas que han detectado en la ley que regula la educación en Chile y hace un llamado a los parlamentarios a trabajar en una “Ley Camilo Henríquez”, para evitar otras crisis como la que vive el emblemático establecimiento educacional de la capital regional, que pese a la compleja situación que enfrentan, no ha detenido su funcionamiento.

Miguel Jara Zapata atiende el teléfono para hablar con apoderados del Liceo Camilo Henríquez de Temuco mientras prende el computador para iniciar una reunión vía Zoom. Así han sido los últimos meses para el presidente de la Corporación Educacional El Bosque, entidad que enfrenta una prolongada huelga legal que el sindicato de profesores del Liceo Camilo Henríquez inició en marzo.

Este profesor que lidera la Corporación, sostenedora de siete colegios en el país, afirma que las intenciones de la entidad que dirige siempre han sido llegar a buen puerto con sus trabajadores para retomar lo antes posible la normalidad.

En esta entrevista, Miguel Jara habla sobre los problemas que han detectado en la ley que regula la educación en Chile y hace un llamado a los parlamentarios a trabajar en una “Ley Camilo Henríquez”, para evitar otras crisis como la que vive el emblemático establecimiento educacional de la capital regional, que pese a la compleja situación que enfrentan, no ha detenido su funcionamiento.

Mesa de negociación

¿Cómo avanza la negociación con el sindicato de profesores del Camilo Henríquez? 

–No muy bien. El jueves el sindicato de profesores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco tomó la decisión de retirarse de la mesa de negociación que se estaba desarrollando bajo el alero de la Dirección Nacional del Trabajo. Pese a que el miércoles dimos una respuesta al tercer petitorio presentado por el sindicato, donde accedimos al 84% de los puntos solicitados entre el Convenio Colectivo y un anexo de contrato individual. Como Corporación hemos puesto todas las herramientas que hoy nos ofrece la Superintendencia de Educación para enfrentar este tipo de negociaciones como una forma de buscar una salida al conflicto. Y es importante señalar que seguimos abiertos al diálogo con el sindicato, porque nuestro objetivo es volver a la normalidad lo antes posible, por el bien de los alumnos, los padres y apoderados del Camilo Henríquez.

¿Dónde está hoy el problema para llegar a un acuerdo con el sindicato del Liceo Camilo Henríquez?

–Después de un examen bien exhaustivo en donde se han presentado por parte del sindicato todas sus inquietudes, requerimientos y planteamientos se ha determinado que el problema se originó desde el inicio, su contrato y convenio colectivo no se ajustaba a las pretensiones y a lo que permiten las leyes de educación, según lo que establece la Superintendencia de Educación y los personeros de la fiscalía de la misma, por lo tanto, había un impedimento desde el origen que se pudo haber resuelto de forma simple al haber simplemente ajustado su convenio colectivo cuando nosotros hicimos la observación respecto a cuales eran los puntos inviables en este caso el convenio en sí, si se fundamentaba estrictamente al Código del Trabajo y no consideraba en ningún aspecto las regulaciones o reglamentos que provienen por sector educativo desde la Superintendencia de Educación y desde las leyes que están vigentes en este ámbito.

Descartan intervención

¿La Superintendencia rechazó la petición de intervenir el Liceo Camilo Henríquez?

Efectivamente, hemos recibido la documentación donde se descarta por completo intervenir el establecimiento y nombrar un administrador provisional.

Como Corporación hemos entregado todos los antecedentes solicitados por la Superintendencia de Educación y podemos decir que el Liceo Camilo Henríquez cuenta con todos los requerimientos y con toda la normativa vigente según lo que establece el marco regulatorio que exige la Superintendencia de Educación para funcionar. Como Corporación queremos darle tranquilidad a toda la comunidad que el liceo no será intervenido.

¿Cuál es la postura que tienen ustedes como Corporación El Bosque frente a este conflicto que están enfrentando?  

–Para nosotros hoy el problema se agudiza en relación a los estudiantes, nuestra  preocupación fundamental y el foco principal de este tema es el daño que han sufrido nuestros estudiantes, las familias, la comunidad educativa, los profesionales de la educación que hoy están ejerciendo de una manera absolutamente abnegada en este momento tan complejo.

En ese plano nuestra postura ha sido una sola: buscar las formas, vías y canales por los cuales ellos puedan entender y podamos visualizar para toda la comunidad  el error o el problema que se origina en un tema legal en donde no convive el Código del Trabajo con las regulaciones y la nueva ley de educación e inclusión escolar, que es la Ley 20.845 y con los fines educativos que son los que regulan hoy todo el presupuesto de una institución educativa, donde el 100 por ciento de los recursos que aportan los padres, más los aportes estatales se tienen que ver reflejados en ese proyecto educativo, lo cual es fiscalizado bajo un manual de rendiciones y se tiene que rendir, y esto es de uso público, es información que hoy está transparentada en las páginas del Ministerio de Educación. 

Hoy nosotros no podemos descuidar ninguno de estos aspectos y así mismo si nosotros hiciéramos mal uso de estos recursos, sacando o quitando algún ingreso al proyecto educativo desfavoreciendo a los estudiantes en favor de alguna agrupación o interés privado genera un conflicto interno para la administración, lo cual hoy la representación de la corporación según lo que establece la ley, el DFL 2 de educación que regula estos temas a partir del 2019 se paga con cárcel. 

El objetivo de la corporación es uno solo y es que las cosas se centren solamente en lo que establecen las leyes y en beneficio de la comunidad educacional y de todos los miembros hoy en día de nuestro plantel. Sin embargo, esto hasta el día de hoy no se ha entendido en forma clara por un grupo de parlamentarios y otros que han emitido todo tipo de comentarios que han complejizado la situación en vez de resolverla. En este caso son ellos (congresistas) los llamados a resolver este tema en materia  jurídica y a través de las facultades que otorga justamente el Congreso.

“Hay un vacío legal”

Ustedes como corporación han hecho saber al Parlamento que hay un vacío legal que se torna peligroso para futuras negociaciones.

–Sí, efectivamente, no solo se los hemos hecho saber al Parlamento, sino al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Educación, a la Dirección Nacional del Trabajo y a todas las instancias que hoy pueden fiscalizar y tienen participación en este sistema, pero lamentablemente esta gente que está en estas unidades a nivel político no entiende o simplemente opina o hace comentarios de manera destructiva. 

Algunos piensan que con esta modalidad uno defiende los pesos para llevárselos al bolsillo, están tan equivocados que no se han dado cuenta que el 100 por ciento de los recursos van al proyecto educativo y eso habla de la ignorancia absoluta  que presentan estos parlamentarios y de la irresponsabilidad que ellos incurren al emitir juicios de valor, con un criterio que está absolutamente sesgado y todavía desconocen la forma, la realidad y cuáles son las condiciones de nuestra gente y nuestra región y como se sacrifican la gente para ser parte de una institución tan prestigiosa como es el Camilo Henríquez, y eso es lo que más se lamenta.

Este es un problema que es de carácter país y que afecta a todos los establecimientos escolares que han operado o han nacido producto de este cambio de ley con garantía estatal o con la transferencia del inmueble o la institución o alguna corporación educacional sin fines de lucro y con giro único.

Problema que viene…

Avizoran estos problemas en otras instituciones que están bajo el mismo sistema de administración que ustedes … 

–Por supuesto, esto es algo que viene en aumento, va empezar a ocurrir en todas las instancias y en todas las instituciones a medida que vayan presentando sus rendiciones a la Superintendencia, cuando todos los gastos que realice o que ejecute una entidad administradora o sostenedor en favor de un proyecto colectivo empiecen hacer cuestionados por reglamentos de la Superintendencia.

Cuando estos gastos no se puedan justificar y no se puedan transparentar lamentablemente estos van hacer objetados, por lo tanto, el sostenedor o entidad administradora, en este caso la corporación y sus representantes van a tener que responder con su capital, de su bolsillo y de sus activos pagar los gastos en que ellos incurrieron directamente a la Superintendencia y hacer reintegro absolutos de esos dineros con los intereses que corresponda, incluso con cárcel si la ley lo estima necesario y según lo establece el DFL 2 desde el 2019.

Este fue el inicio de un proceso que lamentablemente no fue bien normado, no fue arreglado en un momento en el cual se traspasa a todos los establecimientos que eran de carácter particular subvencionado donde había utilidades y copago, y había un dueño a un sistema en el cual todos los ingresos quedan absolutamente dependientes del Estado con rendiciones y con regulaciones por usos exclusivos y normados por ley.

No hay utilidades

¿Cuál es el escenario en que deben enfrentar estas negociaciones?

–Ahora desaparece de inmediato la figura del dueño, ya no existen las utilidades, no existe el lucro y al ocurrir ese fenómeno que es tan importante, cuando viene alguien y quiere negociar colectivamente el convenio y contrato colectivo se respalda en las utilidades, porque eso es lo que uno puede repartir, porque las utilidades eran del dueño, eran de su propiedad y él tenía libre disposición.

Al no existir utilidades, al no haber recursos de libre disposición qué tendría que repartir en este caso el administrador o entidad sostenedora los recursos que están destinados al proyecto educativo, es decir, los recursos que van a los estudiantes, pero si esto no se entiende así ¿Qué podríamos entonces hacer? quitarle los recursos a la mantención de la institución y esta no podría pagar mantenimiento.

Otro ejemplo, si las actividades extracurriculares fueran recortadas para poder repartir eso en un convenio colectivo y poder garantizarlo, también sería una falta, entonces a quién les quitamos recursos para poder pagar un proyecto colectivo y poder pagarlo, quitémosle a los funcionarios que no están dentro del sindicato, tampoco se puede porque también viene la sanción por la Dirección del Trabajo, porque estaríamos vulnerando o de alguna forma el sostenedor o entidad administradora o la corporación que está a cargo del establecimiento de estas características le estaría disminuyendo los sueldos en forma arbitraria a un funcionario para ir en beneficio de otro, sin ningún motivo aparente.

Tarea de parlamentarios

¿Hay un vacío legal que debe modificarse con un proyecto de Ley?

–Efectivamente, esperamos que los parlamentarios de nuestra región se pongan a trabajar en un proyecto de Ley que permita corregir una norma que deja a los sostenedores atados de manos, esperamos que exista voluntad política para resolver este conflicto, hoy nos tocó a nosotros, pero es probable que en unos meses haya decenas de establecimientos en la misma situación, no hay caja para responder a las demandas de los sindicatos.

Ahí viene el vacío que genera esta situación y es el que seguirá en aumento en el tiempo y a medida que esto vaya transcurriendo.

Esto lo único que busca por no estar bien estructurado jurídicamente es destruir una institución educacional. Estamos graficando lo que va a ocurrir a cualquier institución que esté en nuestras condiciones. 

Recordar que el Liceo Camilo fue el primer colegio del país que se adscribió a esta ley, si ustedes revisan por ley de transparencia es la primera institución en Chile que se traspasa bajo esta modalidad y que opera bajo la ley de inclusión escolar en un 100 por ciento.

En la actualidad existen 40 colegios que han traspasado por esta misma ley, pero el primero que hizo que esta ley operara en nuestro país fue el Liceo Camilo Henríquez.