Mañana el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, rendirá su tercera cuenta pública como tal. Y según su visión, las cifras de su gestión reflejan «progresos inequívocos» en ciertas materias.

Aún así, hay números paradójicos: menos del 1% de las 67 mil causas que el año pasado tramitó el Ministerio Público en la región corresponden a hechos vinculados al llamado «conflicto mapuche».

«El dato estadístico aporta un contexto para dar real dimensión a la situación. Estamos hablando de menos del 0,5% del total de las causas, pero aún así no podemos desconocer el impacto que genera en el país», asegura.

Al asumir el cargo, en 2014, dio un giro con respecto a la gestión de su antecesor, Francisco Ljubetic. Primero, al dejar de abordar los hechos violentos de forma dispersa y centralizar las investigaciones en determinados fiscales «para dar un foco integral», dice, y ejemplifica con la creación de la primera Fiscalía de Alta Complejidad en regiones. Otra decisión fue modificar las custodias policiales o medidas de protección.

-Las medidas se reordenaron en 2014, pero las víctimas aún reclaman que son escasas e insuficientes.

«Tenemos esa arista, el uso de los recursos policiales. Cuando se investigaba caso a caso un fiscal hacía lo que consideraba más prudente. Eso cambió cuando establecimos una mesa que permite a las policías participar y definir la medida de protección más idónea y en algunos casos las rondas periódicas son lo idóneo. Eso sí, concedo que el equilibrio es siempre precario entre la sensación y las demandas de seguridad de las víctimas de la violencia rural con los recursos policiales».

-El fiscal nacional Jorge Abott llamó a los jueces de esta región a considerar la prueba indiciaria ¿Cómo se enfrenta un fenómeno en que las pruebas materiales son escasas?

«Hago eco de lo que dijo el fiscal nacional: hay del sistema en su conjunto para poder abordar el valor de la prueba indiciaria. En estas materias no se nos puede pedir contar con prueba directa, es casi imposible dar con testigos dispuestos a declarar o un participante arrepentido que quiera dar testimonio. El desafío para el sistema es dar el valor que tiene -porque para la ley lo tiene- a la prueba indirecta. Es mucho más simple dictar sentencia cuando hay prueba directa, que no se nos puede exigir siempre».

-¿En La Araucanía actúa un grupo reducido o son muchos violentistas en la región?

«En esto quiero ser muy concreto. La evidencia indica que en orden al conocimiento de la topografía del lugar y las vías para huir, pero quienes participan en estos hechos son un número muy reducido de personas».

-En el caso Luchsinger hay un solo condenado, Celestino Córdova, y el caso ha perdido contingencia. ¿Hay avances sobre quiénes son los demás autores?

«Usted dice que ha perdido contingencia, pero para nosotros no. Es el caso más grave de violencia rural en el país y estamos conscientes de ello. Puedo afirmar que hemos trabajado todo el tiempo y muy seriamente. Más detalles no puedo dar, por motivos de seguridad».

«El caso Luchsinger es el más grave de violencia rural en el país y estamos conscientes de ello. Hemos trabajado todo el tiempo y muy seriamente»
CRISTIÁN PAREDES,
Fiscal de La Araucanía

64 mil
causas ingresaron a la Fiscalía de la Novena Región durante el año pasado. De ellas, 302 corresponden a violencia rural.

20%
de los imputados, en esta región, pertenece a la etnia mapuche

3%
de las causas por violencia rural se relacionan con reivindicaciones de tierras.

Con información de economiaynegocios.cl