Fue inaudito observar como camionetas de uso civil llenas de policías ingresaban donde se sabía hasta la saciedad, que lo recibirían a balazos con armamento de guerra.

Más de 800 policías movilizados para cumplir una orden de la fiscalía regional –que deberá aclarar cómo preparó la operación- dejó en evidencia quién manda en la zona roja.

Por Diario Tiempo21

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, repudió los homicidios del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar y del agricultor Orwald Casanova, ambos cometidos el  jueves en una violenta jornada en la Región de La Araucanía. También anunció querellas por estos crímenes.

Galli, quien viajó a Temuco junto al director general de la PDI, Héctor Espinosa, señaló que «hoy hubo dos personas asesinadas, con un funcionario de la Policía de Investigaciones que cumpliendo una orden judicial en territorio chileno recibió impactos de bala como consecuencia de un procedimiento policial ordenado por un tribunal de la república y por la fiscalía».

«No vamos dudar un minuto como Gobierno en prestar todo el apoyo a la Fiscalía, al Poder Judicial, a las policías, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales», señaló a 24 Horas.

También enfatizó que «en Chile no hay territorios en que no rija el estado de Derecho, por lo mismo se desarrolló esta operación para dar cumplimiento a órdenes judiciales», en referencia al allanamiento por drogas en la comunidad de Temucuicui.

«Se acabaron las excusas, aquí hay tráfico de droga, hay armas de fuego ilegales y hay asesinos. Lo que corresponde es que esas personas sean puestas a disposición de la justicia y cumplan las condenas que les corresponde», aseguró.

«No vamos a descansar hasta que se determine quiénes fueron los responsables de estos asesinatos y se les ponga a disposición de la justicia porque, a diferencia de ellos, nosotros creemos en la justicia, creemos en los tribunales de justicia», concluyó.

800 PDI y sin apoyo

El operativo fue preparado con mucha antelación y para ello la PDI movilizó alrededor de 800 efectivos de todo el país y desde temprano, una larga fila de camionetas de la institución se movilizó desde Angol hasta la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla.

Este hecho llamó la atención porque dicha comunidad tiene una extensión aproximada a las 2.500 hectáreas y se caracteriza por una superficie comunicada por caminos rurales de mala calidad, que cruzan toda la extensión de cerros, montañas y praderas.

De acuerdo a loa experiencia anterior, dicho territorio resulta difícil abordar y se sabía que los comuneros no están dispuestos a aceptar que extraños y menos la policía, circule libremente por lo que consideran propio, sin aceptar la intervención de agentes del estado chileno.

Los primeros automovilistas que vieron la larga fila de camionetas que se acercaba a Ercilla, advirtieron que todas las máquinas movilizadas son de uso civil, cuando ni los carabineros con sus tanquetas y vehículos adaptados y reforzados han sido capaces de penetrar el territorio, que resulta apto para ocultar a tiradores que portan armamento de guerra y armas livianas de todo tipo.

En ningún momento, dicen vecinos y testigos, se vio la presencia de y cobertura de carabineros. El operativo ordenado por la fiscalía regional se efectuó solo parcialmente, sin cumplir con el allanamiento  de 30 viviendas para la búsqueda de drogas –especialmente plantaciones de marihuana- y armas, dispuestas por la fiscalía regional.

Al parecer, no se consideraron  para cumplir con las órdenes dispuestas por el Ministerio Público, con lo registrado por la policía en años de enfrentamientos y se subestimaron el poder de fuego, capacidad de movilización y decisión de los grupos radicales que defienden ese sector.

En la mañana de este viernes, llamó la atención el silencio de las autoridades, especialmente de La Moneda , tampoco el subsecretario Galli, quien sostenía reuniones sin entregar mayores detalles y lo único informado fue que el jueves en la tarde sostuvo reuniones en la fiscalía regional y autoridades policiales. El intendente regional no ha emitido declaración alguna, confirmando que frente a estos hechos vinculados con la violencia en La Araucanía, solo informan y declaran las autoridades nacionales desde Santiago.

¿Y Cristian Barra?

Tampoco se supo de la intervención de Cristián Barra, ex jefe de Estadio Seguro y quien en noviembre fue señalado por el Presidente Sebastián Piñera para liderar el equipo del Gobierno para coordinar el trabajo en la macrozona sur, descartando la figura de un ministro designado para La Araucanía.

Barra, que aún se desempeña como jefe de Gestión, Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior, sería el encargado de la seguridad y de la coordinación con policías y Fiscalía.

En La Araucanía debería haber comenzado con el ex seremi de Transportes, Luis Calderón, mientras que en el Biobío fue nominado el ex seremi de Justicia Roberto Coloma.

También tenía que integrarse el equipo la actual seremi de Justicia de La Araucanía, Stephanie Caminondo. Todos desempeñan sus labores habituales y no han informado de alguna gestión relacionada con la seguridad en la macrozana sur.

PDI-Fiscalía Regional

El fiscal regional, Cristian Paredes, apenas conocidos los hechos puso de relieve la labor cumplida por el Ministerio Público en los casos Catrillanca y Huracán. En carabineros –suponemos- eso no se olvida.

Paredes dijo que “el problema mapuche, el conflicto mapuche, de violencia rural, en primer lugar es un problema político; por lo tanto, a nosotros como institución técnica nos compete investigar aquella manifestación que se comete en la comisión de ilícitos, pero es la autoridad política, el Ejecutivo y el Legislativo, los llamados a crear las condiciones para de una buena vez superar esto”.

Lo que no se ha aclarado pero se espera que en los sucesivos días se conozca cómo y por qué encargó a la PDI esta misión y esta institución aceptó cumplir las órdenes de allanamiento con armamento liviano, sin el apoyo de vehículos y armamento capaz de intimidar con su presencia  y luchar en igualdad de condiciones con los paramilitares. Estas dudas también deberá aclararlas el director nacional de la PDI, Héctor Espinoza.

No fue una operación montada casualmente. Fue preparada con mucho tiempo y para no levantar sospechas, se reunieron en Angol, donde alojaron en carpas armadas en el Estadio Municipal.

Pero, ayer surgió una interrogante que Cristian Paredes deberá responder con mayor precisión: el operativo se hizo el mismo día de la lectura del fallo contra siete carabineros involucrados en el crimen de Camilo Catrillanca. Alguien deberá responder que el  día crucial se hace coincidir con la resolución del Tribunal Oral Penal de Angol.

Estas y muchas dudas son las que han surgido a raíz de la violencia registrada en Ercilla y Victoria: dos asesinatos. A la hora de la construcción de esta nota, se anuncia la visita del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Esperan que llegue con información más concluyente.

Lo grave es que ante la pusilánime reacción del Gobierno, la droga sigue conquistando la noble causa mapuche.

Pero ahora parlamentarios y líderes empresariales y gremiales –vinculados a la derecha-  solo confían en la intervención militar. Medida dura y drástica por el fatal saldo al que se puede llegar y que sectores de la centro- izquierda rechazan, por la dolorosa y triste huella que ha dejado en el alma de los chilenos cuando hablan los fusiles.

Los hechos son esos: Un joven PDI y un agricultor y candidato a concejal de la UDI asesinados. No hay detenidos, ni baleados de los eventuales autores. Lo más negativo de todo este día oscuro y de fracasos, es la detención de dos personas: La viuda e hijita de siete años del asesinado Camilo Catrillanca.