Dra. Neida Colmenares

Directora Ciencia Política UCEN

La economía vive una de sus mayores recesiones históricas. Una contracción regional promedio de -5,3%, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el mundo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afectarán, especialmente, la economía informal y las pequeñas empresas.

En Chile, solo durante abril, la economía se contrajo -3,3% a la luz de lo informado por el Banco Mundial, y el PIB cayó entre 1 a 2,5%, según lo indicó el Banco Central. Ello implica la pérdida de cientos de miles de empleos, la dramática disminución de los ingresos de miles de hogares y una cesantía que pronto llegará a los dos dígitos.

Ha aumentado la violencia de género, hay migrantes “acampando” en condiciones indolentes frente a sus embajadas y con el peak de contagios, comienza a hacer agua el sistema de salud. Continúan los fallecidos por COVID-19, principalmente, en los territorios más vulnerables de la Región Metropolitana, evidenciando las brutales desigualdades territoriales del modelo.

Ante esta crisis humanitaria, el gobierno ha desplegado la “gran estrategia de las cajas”: una acción comunicacional y de política pública que pretende dar respuesta coyuntural al momento que se vive.

Según algunos alcaldes, estas cajas suponen un gran esfuerzo logístico que, en el mejor de los casos, y con apoyo de las comunidades organizadas en sus territorios, permitirá entregar mil cajas diarias en las comunas. Se estima que una familia podría tardar cerca de un mes en recibirla.

Esta es una visión caritativa de la política pública y no de una concepción de derechos y de justifica social: no es eficiente ni coherente con las necesidades reales de las familias chilenas y de migrantes residentes en el país, pensar que una caja de comida mitiga sus necesidades.

Según el gobierno, no hay problemas de abastecimiento, entonces, no se entiende la ausencia de una política de subsidio digno que transfiera los dineros a los municipios para que establezcan coordinaciones con las familias más vulnerables y se les provea de apoyos para sus alimentos en los tiempos adecuados. Se requiere de confianza en los acaldes y de acciones de política compensatorias sostenidas por un mínimo de tres meses y equivalentes a los costos de la canasta alimentaria básica.