El juez Juan Escobar consideró «un peligro para la sociedad» a Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo y Marcos Castro.
No reconoció la «colaboración sustancial» de estos últimos con la investigación.

Después de cuatro días de audiencias de formalización en el denominado caso Penta, el magistrado Juan Manuel Escobar Salas, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, decretó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva para seis de los 10 imputados en la causa.
Los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, cumplen prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, medida decretada tras ser formalizados por tres delitos de soborno y cinco delitos tributarios en el marco de la investigación del caso Penta.

También ingresaron a la cárcel el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el gerente general del holding, Hugo Bravo, el ex funcionario del SII, Iván Álvarez y el ex contador, Marcos Castro.

Todos ellos no podrán recibir visitas hasta la próxima semana, según el coronel de Gendarmería, Carlos Muñoz.

El tribunal decretó las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional para el ex alcalde designado y ex senador UDI Carlos Bombal Otaegui, y para Samuel Irarrázaval Larraín, representante legal de la inmobiliaria Los Estancieros.

Para Manuel Tocornal Blackburn, actual gerente general de Penta, se decretó arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional.

Juan Martínez Céspedes, fiscalizador de Impuestos Internos actualmente suspendido de sus funciones, quedó bajo arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas.

El juez Escobar fijó un plazo de 120 días «para el cierre de la investigación», al considerar que la Fiscalía tiene trabajo avanzado en su investigación no formalizada. El Ministerio Público había pedido dos años -el máximo legal- y luego bajó a seis meses, mientras que las defensas de los diez imputados pidieron entre 60 y 90 días.

Durante su exposición, el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dijo que «hay presunciones fundadas» que los imputados del caso Penta «han sido autores de los delitos» por los que se les acusa, entre ellos cohecho, delitos tributarios y lavado de activos, y que la libertad de seis de ellos representa un peligro para la sociedad.

El magistrado sostuvo que el Ministerio Público cumplió la condición de presentar antecedentes serios y que estos, a su juicio, «son suficientes para seguir un proceso penal en contra de los imputados».

En el caso del ex subsecretario Pablo Wagner, el juez Escobar sostuvo que «aceptó un beneficio económico ejecutando un acto propio de su cargo».

Respecto a los controladores del holding, así como de Marcos Castro, «realizaron un acto ilícito al ofrecer dinero. Estos delitos son los denominados de corrupción», explicó el magistrado.

El juez dijo que los controladores arriesgan desde 541 días a 5 años por cada delito, pero al ser reiterados aumentaría la pena de uno a dos grados, o sea a penas de 5 a 15 años.

En el caso de soborno, éste tiene una pena de hasta 541 días, pero dijo que también podría aumentarles uno o dos grados. «Agregando esta pena a la anterior, por cierto podrían ser acreditados delitos de crímenes, debiendo cumplir la pena en forma efectiva».

Respecto a Hugo Bravo y Marcos Castro, contó se dan por justificados los delitos en calidad de autores. Al primero se le imputan dos delitos de soborno y ocho delitos tributarios.