Estos últimos meses no han sido fáciles para el ex sargento de Carabineros, Jorge Jarpa Cuevas. Ante la amenaza de perder su fuente laboral para siempre, denunció que su integridad física y psicológica fue vulnerada reiteradamente por funcionarios de la institución.

En un recurso de protección interpuesto el mes pasado en la Corte de Apelaciones de Temuco, dirigido en contra del coronel Víctor Zavala Saldías, jefe de la Prefectura Cautín, Jarpa habló de las presiones que debió enfrentar para bajar de peso a través de una cirugía.

Una vez realizada, cuando los médicos ordenaron disminuir su actividad física en el servicio que intachablemente había prestado a la comunidad por más de 20 años, los oficiales de mayor jerarquía no escucharon. Como resultado de ello fue obligado a cumplir turnos extenuantes y volvió a enfermar. Su estómago debió ser extirpado y la Comisión Médica Central ordenó sacarlo de las filas.

Esto no sería más que una repetición de otros casos que han marcado la vida de muchos uniformados (r) que hasta hoy exigen el pago de los beneficios que dicen merecer.

De acuerdo con lo relatado por el sargento Jarpa en el escrito, todo empezó en febrero de 2008 cuando el entonces general jefe de Zona de la Araucanía, Mario Bocchi Correa, distribuyó un documento electrónico basado en una circular del ex director Rodolfo Stange, emitida en 1992, relacionada con la obesidad del personal. En ella se disponía adoptar medidas contra el porcentaje de uniformados con exceso de peso que nada hicieran para reducirlo.

Ello implicaba que aquel que no acatara la orden de subsanar la “anomalía” debía ser castigado con la baja en sus calificaciones y el consecuente riesgo de ser expulsado de Carabineros.

En junio de 2010, siguiendo esta misma línea, la policía uniformada implementó un “plan nutricional” y un “programa de ejercicios” para ser compatibilizados con la jornada laboral. La información se filtró a la prensa, específicamente a Revista Qué Pasa, con el titular “La nueva preocupación de Carabineros: el sobrepeso”. La publicación afirmó que la alarma se activó en el Alto Mando cuando se detectó que un 20% de los funcionarios sometidos a medición habían presentado riesgos de obesidad.

Con información de elciudadano.cl