“Hasta ahora, la mejor -y en muchos casos única- gestión hídrica en las cuencas está siendo desarrollada por las Juntas de Vigilancia de los ríos, las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Agua superficiales y subterráneas. Son los propios usuarios del agua, agrupados en estas instituciones, quienes actualmente han ido más allá del trabajo que les mandata la ley sobre de reparto de aguas”.

Escribe: Federico Errázuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.

En Chile tenemos una interesante discusión sobre la institucionalidad pública necesaria para enfrentar los desafíos, cada vez más complejos, que enfrenta el país en materia de recursos hídricos. El principal foco de la conversación, como reflejo de nuestra idiosincrasia, ha estado en la institucionalidad central y si esta debe ser una subsecretaría, un ministerio o una agencia nacional de aguas. Cualquiera sea la decisión que tomemos al respecto, la nueva institucionalidad deberá asumir o coordinar muchas tareas complejas que hoy están en distintos servicios públicos. Pero esta institucionalidad difícilmente podrá ser exitosa si no incorporamos con mucha fuerza la mirada desde la cuenca.

La unidad básica para la gestión de aguas es, por razones geográficas, la cuenca hidrográfica, entendida como un territorio cuyas aguas superficiales fluyen desde los terrenos más altos hacia un punto común. En el caso de Chile, tenemos 101 cuencas, tan diversas como la cuenca del río San José, en la región de Arica y Parinacota, que tiene una extensión de 3.437 km2, hasta la cuenca del río Biobío, presente en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, con una extensión de 24.369 km2. Las 101 cuencas no solo difieren enormemente en sus extensiones, volúmenes y calidades de sus aguas y, obviamente, en los climas que las modelan, también hay grandes diferencias en las actividades humanas que se desarrollan en ellas.

Son estas mismas razones las que han llevado a todos los países de la OCDE a crear instancias de cuenca para abordar las problemáticas locales, con los actores de cada territorio, haciéndose cargo de las particularidades naturales o antrópicas de cada una de ellas.

Últimamente, la idea de replicar esto en Chile ha tomado mucha fuerza, gracias al excelente trabajo que han desarrollado diversas iniciativas, como la Mesa Nacional del Agua, liderada por el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Políticas de Infraestructura y, especialmente, Escenarios Hídricos 2030, de la Fundación Chile. Todas ellas han planteado distintas ideas que comparten la importancia de contar con una institución local, con poder de decisión y de amplia participación.

A pesar de que la idea puede sonar disruptiva en un país que tiende a la centralización en la toma de decisiones, debiéramos iniciar este trabajo mirando lo que ya está instalado en la cuenca. Haciendo este ejercicio, nos daremos cuenta de que no estamos en el punto cero, pues ya hemos recorrido un largo camino gracias a las Organizaciones de Usuarios de Agua existentes en todo Chile.

Hasta ahora, la mejor -y en muchos casos única- gestión hídrica en las cuencas está siendo desarrollada por las Juntas de Vigilancia de los ríos, las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Agua superficiales y subterráneas. Son los propios usuarios del agua, agrupados en estas instituciones, quienes actualmente han ido más allá del trabajo que les mandata la ley sobre de reparto de aguas, y han incursionado en materias como definiciones de infraestructura local, mecanismos de apoyo a sus usuarios, cuidado y control de calidad de las aguas, campañas de concientización y un largo etcétera.

Las organizaciones de usuarios de agua están destinadas a ser la base sobre la cual complementar una nueva institucionalidad de cuenca, que no las reemplaza, sino que incorpora a usuarios indirectos, y otros actores, para construir una visión donde todos los intereses estén legítimamente representados.

Solo con la creación de la institucionalidad de cuencas y el potenciamiento de las organizaciones de usuarios de aguas, podremos tener una gobernanza local de aguas a la altura de los desafíos de Chile.