En una carta publicada recientemente en El Mercurio, el general retirado de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha cuestionado el bono anual aprobado para más de 24 mil funcionarios de la policía uniformada, argumentando que excluye al 60% del personal. Yáñez, quien lideró la institución hasta hace poco, expresó su descontento con la medida, calificándola de «una verdadera bofetada» para aquellos que se desviven a diario por la seguridad de todos.

El bono, que fue incluido en el proyecto de ley de reajuste al sector público, no considera a los egresados de la Escuela de Suboficiales, de la Academia de Ciencias Políticas, ni al personal encargado del rodaje administrativo y logístico. Yáñez señaló que esto no corresponde a lo que la institución propuso inicialmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando se sugirió una Asignación Trimestral por Participación Laboral.

Las críticas de Yáñez han generado reacciones en el ámbito político. El senador de la UDI, José Miguel Durana, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, ha solicitado citar al Congreso al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para aclarar los detalles del bono anual2. Además, el general retirado Enrique Bassaletti ha señalado que la falta de incentivos puede afectar la atracción de nuevos postulantes a la institución, lo cual es preocupante en medio de la actual crisis de seguridad que enfrenta el país.

Yáñez concluyó su carta destacando que un sueldo de carabinero dividido en 12 meses está muy lejos del bono del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que se entrega en cerca de 200 servicios del Estado, cuyos funcionarios no arriesgan sus vidas por el solo hecho de cumplir con su deber.