La lucha contra la corrupción, como una respuesta a la crisis política que está viviendo el país, no sólo debe ser realizada a través de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial que este martes fue presentada por la Presidenta Bachelet, señalaron analistas. También debe venir acompañada de una serie de normas que haga efectivo el castigo frente a las irregularidades que se han destapado en los últimos meses. En este sentido, fortalecer el Servel como ente fiscalizador es una de las más importantes.

La Comisión Asesora presidencial que propondrá una nueva relación entre dinero y política, por sí sola no sería suficiente. Esto porque su éxito dependerá de la calidad de las propuestas, el grado de consenso político y del sistema regulatorio.

Estas son parte de las conclusiones que arrojó el análisis del Director de Chile Transparente, Alberto Precht, y de Raúl Urrutia ex presidente del Consejo para la Transparencia.

Luego de la pugna vivida dentro del Comité Político el pasado lunes, y que terminó con la decisión de los presidentes de partido de convocar a los secretarios generales para crear una comisión paralela que proponga a la Presidenta iniciativas sobre regulación de la política y el dinero, Michelle Bachelet le dio el vamos este martes a la instancia presidencial que trabajará esa misma materia, la que estará compuesta por 15 expertos.

La idea de la jefa de Estado es lograr recuperar la confianza de la ciudadanía por medio de la creación de un nuevo marco regulatorio que permita evitar situaciones como el caso Penta, Caval o la arista SQM, que se conoció en el último tiempo.

Sobre la estrategia adoptada por los jefes de partido y por la Presidenta Michelle Bachelet, señaló el Director Ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht.

“Llama la atención de esta comisión que cada vez que ha habido un escándalo-crisis de corrupción en nuestro país, desde el caso Dávila el año 93 en adelante, hemos creado una comisión y después donde se ha fallado el trámite legislativo. Voy a poner un solo ejemplo: en el caso Dávila en el año 93, el año 94 se crea la comisión, 95 se ingresa una ley de transparencia, por ejemplo, acceso e información. Esa ley termina siendo ley, propiamente tal, al año 2008. Imagínate si la comisión propone normativas y nos demoramos 13 años en regularla. También la ley de lobby demoró 11 años”.

Precht calificó a los expertos seleccionados por la presidenta como idóneos pero también señaló que el éxito de estas propuestas dependen de cómo sean acogidas por la Presidenta, del tiempo de tramitación en el Congreso y también de que exista un marco regulatorio que sea adecuado.

Este dependerá, a su vez, de cómo se fortalezca el Servicio Electoral, tema que está siendo revisado dentro del proyecto de fortalecimiento de la democracia y también en una iniciativa aparte que entrará al Congreso el 15 abril, según quedó estipulado en un acuerdo entre la Ministra Ximena Rincón y el presidente de esa institución Patricio Santamaría.

Ante esto, Alberto Precht también espera que el Servel sea fortalecido: “No puede ser que robarse una bicicleta, por ejemplo, tenga más penas que el cohecho. Ahí hay algo, una disparidad en cómo nuestro sistema penal está juzgando la corrupción. No puede ser que no haya ninguna sanción, más allá de la que pudo haber si la cuenta estaba rechazada, a los candidatos que tenga financiamiento electoral y que después resulten electos. El primero, revisar bien los delitos funcionarios, lo segundo, efectivamente, abarcar el tema del financiamiento a la política eliminando los aportes reservados, eliminando los aportes de personas jurídicas, es decir de empresas y fortaleciendo el servicio electoral en sus capacidades. Una ley que no tenga fiscalizadores en este ámbito, va a ser una ley muerta”.

Este robustecimiento del Servel debiera estar finiquitado el 30 de septiembre próximo, debido a que la institución en noviembre debe tener todo listo para trabajar en las elecciones primarias municipales que tiene como fecha, de acuerdo a ley, el 12 de junio de 2016.

Con este escenario, el que exista un consenso político se convierte en un factor muy relevante, según indicó Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia.

“Tiene que haber consenso, si no hay consenso no va a haber acuerdo y si no hay acuerdo esto va a lograr la destrucción del todo sistema político imperante en nuestro país. La importancia que tiene que los actores políticos sean capaces de ponerse de acuerdo y por eso no cierto es que las propuestas, que deben plantear esta comisión y que se traduzcan en el proyecto de ley, deben ser muy duras para que en definitiva la gente pueda entender de que los actores políticos todos, han entendido, realmente, de que aquí en este país hay que parar definitivamente esta corrupción que se está visibilizando con tanta fuerza en Chile”.

Otro de los puntos que establece Urrutia son las propuestas que deberían salir de este comité. Para el ex presidente del Consejo de la Transparencia es necesario que exista financiamiento público a los partidos políticos y a los candidatos, y regular de mejor manera el traspaso de un alto funcionario al mundo privado.

Es así que propone un periodo de 6 meses de “enfriamiento”, mismo plazo contemplado en la legislación nacional que regula el paso de un fiscalizador a una empresa fiscalizada. Y agregó que esa persona debe percibir una remuneración durante este tiempo que permanezca sin trabajo.

Sin embargo, el ex representante del Consejo de la Transparencia no considera que deba ser regulado el paso de un alto ejecutivo de una empresa al mundo público porque esto provocaría, a juicio, de Raúl Urrutia, que el Estado se quede sin personas idóneas.