El centro de estudios de TECHO-Chile dio cuenta que de acuerdo a los Planes Reguladores Comunales (PRC) vigentes, el 22% de los campamentos está expuesto a alguna amenaza socio natural, ya sea tsunami, inundaciones, remociones en masa o incendios forestales. Sin embargo, la  investigación da a conocer que, si se complementa con información de instituciones pertinentes en materia de emergencia —como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres y la Corporación Nacional Forestal—, y, tomando en cuenta los campamentos que efectivamente están localizados en comunas con un PRC, se identifica que un 84,6% de los asentamientos está expuesto a alguna de las amenazas mencionadas.

El caso más extremo de variación en la comparación de ambas situaciones es la exposición ante incendios forestales, donde, según los instrumentos de planificación, solo un 0,2% de los campamentos estaría expuesto, versus un 65,3%, complementando con la información de CONAF.

“La falta de actualización de estos instrumentos limita la identificación de riesgos para la construcción en la comuna y la planificación de obras de mitigación en campamentos, afectando tanto a las familias que viven en estos asentamientos como a las comunas completas”, explicó Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile.

“Cada año vemos que esta brecha en torno a la identificación de riesgos entre los planes reguladores vigentes -la mayoría desactualizados- y la evidencia de riesgos con que cuentan los organismos especializados se traduce en hechos lamentables como incendios o inundaciones que cobran vidas y destruyen los proyectos de miles de familias”, agregó.

El mismo informe da cuenta de que el 70% de los instrumentos reguladores en comunas con campamentos superan los diez años como plazo de actualización, e incluso arroja datos más críticos: desde el inicio de la década de 2020, solo un 5% de las comunas con campamentos ha promulgado su Plan Regulador Comunal (PRC) y un 26,2% de las comunas cuentan con uno que no ha sido actualizado por más de 30 años.

“Los planes reguladores son necesarios para planificar nuestras ciudades y mapear el suelo comunal, y de esta forma, identificar de manera eficiente los sitios donde se puede construir vivienda con interés social. Lo que hoy es apremiante ante el déficit habitacional que enfrentamos, las más de 650 mil personas que necesitan un lugar donde vivir en nuestro país”, explicó Javiera Moncada.