Abogado y receptor judicial se defiende de acusaciones a su sector, de utilizar información privilegiada.

Conozca el paso a paso para adjudicarse el remate de viviendas a bajo costo y que ha dejado a familias sin su hogar.

Nueva querella: ahora contra jueza del tercer Juzgado Civil, abogado y receptora judicial Rosa Olivares!

 

 

 

Por Héctor Cárcamo Millar

 

 

 

Luego de la denuncia realizada por Tiempo21 y otros medios de comunicación del remate de una propiedad en cinco millones de pesos ubicada en un exclusivo condominio en el sector Trañi Trañi y con un valor superior a los 300 millones de pesos, una serie de rumores circularon por la ciudad en referencia a la existencia de organizaciones que se dedican a la adquisición de propiedades en remates judiciales a bajo costo, para después transarlas en el mercado.

Estudiados algunos casos, se puede llegar a la primera conclusión que todo se ajustan a derecho según las normas que regulan estas acciones, pero también han despertado comentarios que solo algunos de estas organizaciones son informadas y mantienen equipos de personas en torno a esta actividad, levantando sospechas acerca de triangulaciones entre equipos jurídicos de bancos, empresarios privados y algunos funcionarios públicos, como lo son los receptores judiciales.

A pesar de la insistencia de algunas fuentes acerca de la legalidad de los procedimientos, otros apuntan a que en torno a esta actividad se mantiene gracias a redes muy bien informadas que actúan aprovechándose de la falta de asesoría legal para que los represente en los tribunales o asesoría desventajosa  y de esta  manera, salvar sus bienes raíces de la acción judicial que termina con el remate de la propiedad y en donde actúan equipos legales de inmobiliarias o empresarios que se dedican a la compra a muy bajo precio para después vender a valores comerciales.

 

Títulos de dominio

 

“Esto es un negocio, donde actuamos de acuerdo a la ley, vamos a los tribunales a sesiones que son públicas, no hay nada ilegal”, señaló a Tiempo21 el abogado y receptor judicial Mauricio Ulloa del Prado (ver nota aparte) y reconoció que compra viviendas y están bajo su dominio, situación comprobada luego que este medio ingresar a la web del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, donde al menos se pudo detectar 11 títulos de dominio a su nombre, todos adquiridos entre los años 2010 y 2016.

Esta misma consulta se hizo con el nombre de su esposa, Claudia Cassis Hadwa, quien en el mismo conservador tiene 7 títulos de dominio, todos adquiridos el año 2002 (1), 2006 (2), 2009 (1), 2014 (1) y 2015 (1).

También consultamos al sitio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, los títulos de dominio del abogado de la plaza, Dionisio Ulloa Berrocal, profesional que preferentemente se dedica a causas civiles. La consulta arrojó 11 bienes raíces a su nombre y dos por herencias, todas inscritas a partir de 2011 y hasta el presente año.

Consultas realizadas por este medio, permite señalar que al menos una de esta una fue rematada en sociedad con Claudia Cassis, cónyuge del abogado Ulloa Del Prado, situación que seguirá siendo investigada para determinar los pasos para el proceso de remates y el destinatario final de las mismas.

Otro caso es el registrado es el de la Inmobiliaria José Luis Gay Mellado EIRL, cuyo titular fue señalado como el que llevó adelante del remate de la propiedad de Trañi Trañi denunciada por los medios. Esta inmobiliaria posee 25 títulos de dominio, de los cuales 20 corresponden a adjudicación y cinco de compraventa. Los títulos están registrados entre los años 2010 y 2016.

Según constancia en documentos emanados del Tercer Juzgado Civil de Temuco –donde se llevó a efecto el remate de la propiedad señalada- el ingeniero comercial José Luis Gay actuó en representación del empresario Hernán Guiloff Carvallo, quien registra en el mismo conservador tres títulos de dominio, todos por la vía de la adjudicación, inscritos entre los años 2006 y 2015. Las consultas al sitio del Conservador de Bienes Raíces se hicieron el 23 de mayo de 2016.

Una materia por resolver, es la actuación de algunos receptores judiciales, quienes hasta esta fecha, no aparecen inscripciones a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces, salvo sus viviendas que datan desde muchos años. Sin embargo, está por aclarar si sus cónyuges y/o familiares, tienen títulos de dominio inscritas a sus nombres.

En esta materia, una fuente del sector justicia, que solicitó reserva de su nombre, señaló tener muchas dudas acerca del origen de los recursos y que para mayor transparencia, es necesario que organismos como el SII realice alguna investigación al respecto. Agregó que también se debería estudiar la aplicación de la Ley  19.913, que  crea La unidad de análisis financiero y modifica diversas  disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

 

Quejas y sospechas

 

Pero no es todo. Las quejas de algunos afectados apuntan con funcionarios del poder judicial y en especial  se quejan de la Unidad de Apoyo de Tribunales, oficina que recibe la documentación dirigida a los Juzgado Civiles. Según las quejas, desde estas oficinas se entrega información privilegiada respecto a juicios ejecutivos y, por lo tanto, algunos intervinientes están informados al instante de las acciones de defensas de los demandados.

También conocimos un caso, donde un abogado de una casa de estudios actuaba en representación de esa universidad para apremiar a un prestador de servicios, quien sin saberlo, su boleta fue cancelada por un banco de la plaza, gracias a las gestiones de uno de sus abogados, quien resultó el mismo profesional que asesoraba a la universidad. Resultado: el prestador de servicios sufrió el remate de su vivienda.

 

¡Querella en el Tercer Juzgado Civil!

 

Al cierre de esta información, en el sitio del Ministerio Público se lee el ingreso a la Fiscalía de Temuco, una querella presentada por abogados de Temuco, en contra de “quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de falsificación de instrumentos públicos y de todos que resultan acreditados durante la presente investigación”.

El libelo se remonta a la “causa ejecutiva 1943-2011 Tercer Juzgado Civil de Temuco, título mutuo hipotecario”, donde señala que la receptora judicial Rosa Olivares certifica que realizó búsquedas de un ejecutado los días 7 y 9 de mayo de 2011 con las certificaciones respectivas. El problema fue que el ejecutado Fredy Díaz Pingel no tenía domicilio señalado en la causa, desde el 2009.

Díaz, según la querella, tenía domicilio registrado en Santiago en su condición de empleado de LAN y que por la misma fecha de ser notificado, según la receptora, se encontraba en estados Unidos, situación confirmada por la PDI.

Sin embargo y a pesar que el tribunal tenía constancia que el ejecutado no había sido notificado, prosiguió las acciones legales, hasta que el tribunal sanciona el 21 de noviembre de 2012 “que el razonamiento del tribunal fue que como se había realizado en el Diario Austral de Temuco a inicios del mes de noviembre, el plazo de cinco días para días para impetrar la nulidad había transcurrido”.

La querella señala que “se llevó a cabo el remate del bien raíz de Fredy Díaz Pingel habiéndosele privado de su derecho de propiedad en un procedimiento legal viciado”.

La acción legal solicitada apunta contra la receptora judicial porque “pudo haber cometido el delito de falsificación de instrumento público, al ser ella una funcionaria pública; la magistrado Patricia Ríos Rojas por prevaricación y el abogado Carlos Fuentes Quiroz por hacer uso a sabiendas de la falsedad del instrumento público”.

 

 

 

 

Mauricio Ulloa del Prado, abogado y receptor judicial

 

“Puede ser que alguna de

mis casas esté comprada

en remate, pero no es ilegal”

 

El abogado y su esposa cuentan con un sinnúmero de viviendas que han comprado en remate. La acusación es que al ser abogado conoce las causas o bien le informa a las inmobiliarias de sus amigos y colegas.

 

Tania Márquez Kacic

 

Un total de 16 receptores judiciales hoy operan en Temuco, servidores que en el último tiempo han sido cuestionados por el conocimiento de causas judiciales que han terminado en el remate de propiedades en Temuco, de manera express y a muy bajo costo, acusando que existe una triangulación de información con abogados de bancos, inmobiliarias y con tribunales.

Uno de ellos es Mauricio Ulloa del Prado, quien además de ser receptor es abogado y cuenta con una serie de contactos con otros profesionales de las leyes y que le permitirían realizar adjudicaciones de casas a su nombre o el de su señora, y con información que tiene de antemano.

Si bien asegura que efectivamente ha comprado propiedades que estaban disponibles en remates, desmiente que se trate de una práctica ilegal sino más bien de una práctica en que participan una serie de inmobiliarias, todas de renombres y conocidas, y que se rigen bajo la ley que hoy los ampara.

Sin embargo, el cuestionamiento surge porque hay propiedades, como una ubicada en calle Ziem que tienen un valor por sobre los 100 millones de pesos y que son rematas a sólo 20 millones por la esposa de Ulloa Del Prado, ofertas que están disponibles sólo para algunos abogados y familiares de receptores, quienes cuentan con información directa y que obviamente significa que cientos de familias no puedan acceder a los remates y así recuperar sus viviendas.

  Usted aparece con varias propiedades a su nombre y el de su esposa. ¿Fueron algunas de ellas compradas en remates?

– Estas son casas mías, pero puede ser que alguna de ellas esté comprada en remate, pero se compra de manera directa.

Es decir, hay casas a su nombre…

-Si, las compro, pero como cualquier persona.

 

 

¿Y las de su señora?

-No lo voy a negar, pero son las que se pueden comprar, si esa información está en el Conservador, es información pública.

Pero usted tiene, al ser receptor, información privilegiada respecto a cuáles son las casas que cuentan con menor avalúo fiscal y que hoy están a la venta con mayor precio, y sobre dónde serán los remates…

-Yo no tengo relación laboral con el tema de los remates.

¿Es efectivo que usted es parte y amigo de los dueños de la Inmobiliaria José Luis Gay, quienes se dedican a la compra y venta de viviendas en remate y que figura con más de 25 propiedades?

-A Gay lo conozco como todos porque es de Temuco y yo también, así como conozco a los Bórquez y mucha gente que va a los remates.

¿No cree que es ilegal o poco ético que usted siendo receptor se adjudique viviendas en remate?

-No, nada de ilegalidad. Tampoco encuentro ilegal comprar y vender casas.

-Pero son las mismas personas quienes participan en los remates, abogados e inmobiliarias que se vinculan…

-Es cosa que vea cómo se hacen los remates judiciales, se publican y aparecen las bases del remate y se participa como cualquier postor. Y bueno hay como 8 ó 10 personas que han estado en los remates, pero es la pega de ellos, que va siempre la misma gente. Insisto no hay ilegalidad de ir a los remates.

 -Pero ustedes tienen información privilegiada…

-No es un tema de ilegalidad y es un tema ya del legislador, y en que esté de acuerdo o no con el remate es otra cosa. Cuando aparece una casa de 70 millones y se remata a 10 es porque el avalúo fiscal es ese, pero no pasa de manera muy común. En el caso de Jorge Aguirre (cuya casa se remató en 5 millones y tiene un valor de más de 200 millones) yo no participé y sí me ha llamado harta gente para preguntarme y bueno no puedo participar en donde tenga una causa.

Pero entonces se puede ser abogado y receptor…

-Yo no tramito causas sólo realizó causas del tribunal y en las causas que yo participo no puedo ir a los remates, es que no puedo notificar y luego ir a los remates.

 

 

 

Pero insisto, como abogado sabe cuáles son las casas que están disponibles, con sólo conocer el inicio de una causa por deuda.

– Uno puede ver toda la historia de la causa y si fuera así no podría notificar ninguna causa porque conozco a tal abogado. El 100% de la gente que me conoce me pregunta por las propiedades que se van a remate y son las mismas que salen publicadas en los diarios. Yo notifico pero no le sigo la pista. El tema es que quienes pueden participar en los remates es cualquier persona porque se hace a viva voz y es un remate como todos, y ahora le han dado vuelta porque el mínimo es muy bajo. Este es un tema de los legisladores y no un tema de los remates.