La tendencia preocupa y muchos sectores apuntan a que el gobierno no ha respondido a sus propias expectativas que el propio Sebastián Piñera anunciara en la campaña presidencial, pero que a poco andar ha dejado claramente establecido que la política del “garrote y la zanahoria” ha sido un completo fracaso.

El senador por la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC), criticó al gobierno por el alza en las cifras de violencia rural en la zona. La crítica la hizo el parlamentario luego de conocer  las cifras del Ministerio Público que señalan una verdad que para el oficialismo constituye un duro revés: La violencia rural aumentó en un 71%, pasando de 38 casos entre enero y septiembre de 2018 a 65 en lo que va del 2019.

“Nos hemos enterado que las cifras han ido al alza, pero sucede que en la Región de La Araucanía estamos a la espera del gobierno. Creo que los agricultores, los dirigentes mapuches y políticos estamos esperando que el gobierno actúe. El gobierno está paralizado, luego de que estuvo ahí el ministro Alfredo Moreno y después de la muerte de Camilo Catrillanca como que el gobierno quedó absolutamente paralizado, no ha hecho nada más”, indicó el senador falangista a La Tercera.

Desde el Ministerio Público explican que el aumento de estos delitos se explica porque en enero pasado hubo un alza importante de ataques incendiarios en predios agrícolas.

Fueron 17 los hechos de violencia rural durante ese mes, periodo que más ataques contabilizó este 2019. En la Fiscalía de La Araucanía indicaron que, otro factor a considerar, es que entre noviembre y enero estos hechos delictuales se incrementaron producto del “factor Catrillanca”.

La tendencia preocupa y muchos sectores apuntan a que el gobierno no ha respondido a sus propias expectativas que el propio Sebastián Piñera anunciara en la campaña presidencial, pero que a poco andar ha dejado claramente establecido que la política del “garrote y la zanahoria” ha sido un completo fracaso.

El panorama puede ser más sombrío porque luego se cumplirá un año del asesinato del comunero Camilo Catrillanca y esa será la coyuntura para que las movilizaciones y acciones de violencia vuelvan al territorio, dejando una estela de destrucción y desencanto por el fracaso gubernamental.

El abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, quien integró el Consejo Ciudadano de Observadores para el proceso constituyente, sostuvo que aquí “se evidenciaron los límites a la estrategia del gobierno, que chocó con su política represiva”.

En esa línea, y con una visión amplia de lo que contempla el Plan, el abogado de la Plataforma Política Mapuche, Alihuen Antileo, apuntó a medidas que proyectan el reforzamiento de un modelo extractivista, en cuanto a las salmoneras, proyectos energéticos y forestales. Lo apuntado resulta interesante, porque precisamente esos son los argumentos que muchas organizaciones indígenas levantan para acorralar al gobierno y expandir sus propuestas a nuevos círculos mapuches.

Es tan feble la posición del estado chileno –y del gobierno en particular- que en la búsqueda de responsables que no han podido detener esta tendencia, el intendente regional, Jorge Atton, por fin salió a jugársela al menos hacia una de las instituciones responsables: “Efectivamente las instituciones en general estamos al debe. Si vemos la cantidad de atentados que han existido en La Araucanía, en el mes de septiembre hubo cuatro atentados incendiarios, también hubo ataques a Carabineros en la zona de Ercilla”, afirmó.

Y remató en su crítica: “Es una deuda de todas las instituciones. Yo soy súper franco, el Ministerio Público está muy al debe. Las policías están haciendo su trabajo. No hay un trabajo de anticipación desde el punto de vista de inteligencia. Yo he transmitido claramente de que esta sensación de impunidad no puede seguir”.