El miércoles 22 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó aplazar la ley que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos hasta diciembre del próximo año. Desde el gobierno proponen una solución tripartita para resolver el problema del endeudamiento de las familias que no han pagado sus cuentas de luz, agua y gas. Pero no todos tienen la misma disposición.

La pandemia de covid-19 ha afectado a millones de personas y sus familias, por lo que se han tomado diversas medidas para ayudar a las familias chilenas. Una de ellas fue la ley que prohíbe que las empresas corten los servicios básicos (luz, agua y gas de red) por no pago.

La ley cuando fue aprobada el año 2020 y se estableció que estaría vigente hasta el recién pasado 31 de diciembre y de ello ya pasaron algunos días, luego que la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados y luego la sala, aprobaran una iniciativa que extiende la prohibición de corte de servicios básicos.

La ley de no corte de suministros básicos que prohíbe el corte por no pago, beneficia a las personas que pertenezcan al 80% de más vulnerabilidad del Registro Social de Hogares y al convertirse en ley, se extendió al 100% de la población con vulnerabilidad.

Algunos parlamentarios y alcaldes han levantado la voz para marcar presencia y exponer a las autoridades locales y nacionales, las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

Hay asomos de solución. La ofrecida por el Gobierno constaría de tres actores: “las compañías ponen una parte de la solución, las familias ponen otra parte y el Estado, a través de un subsidio, pone también una parte”, sostuvo el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

Según explicó el secretario de Estado, la idea es cubrir al 75 por ciento de los clientes de agua  más vulnerables y a alrededor del 70 por ciento de deudores de electricidad morosos de mayor vulnerabilidad.

la crisis sanitaria está muy lejos de terminar. La nueva cepa es aún más contagiosa y ya algunos países, como el nuestro, están sufriendo las consecuencias. Por tanto, modificar las condiciones para las familias más vulnerables es grave y de una injusticia tremenda. No todos tienen la posibilidad de recuperar sus fuentes laborales con estabilidad y eso se refleja en el aumento de los empleos informales.

Para otros, sus expectativas van aún más allá del escenario que enfrentamos hoy. Otros solicitan al Estado no solo garantizar la normalidad de los servicios, sino también, exigir que las empresas bajen ostensiblemente sus ganancias. El ejemplo más claro es el que enfrentamos y con el gas, donde las utilidades son vergonzosas son para tres empresas que manejan el mercado nacional consumidor de gas.

En el agua potable, es aún más vergonzoso, porque los dueños del agua no solo tienen ganancias millonarias con el riego de sus cultivos para exportación en su mayoría. El drama es que esa agua la obtuvieron con no oculta ayuda de servicios públicos -incluida la justicia- quienes han favorecido estos negocios apoyándose en legislaciones hechas a la medida de los productores. No puede ser que sigamos pagando, todos, el agua, la luz y el gas más caro de nuestro continente.

Pero la sorpresa no para asomar la dura realidad. Algunos parlamentarios no aceptan de buena gana, aprobar estas prohibiciones. Es impresentable que nadie levante la voz y se oponga a estos abusos vergonzosos.

Afortunadamente, algunos alcaldes han alzado la voz para batallar contra empresas inescrupulosas, quienes no son capaces de entender demandas sociales por servicios básicos. Son los mismos que no logran entender y comprender el origen de octubre de 2019 y el levantamiento social. Afortunadamente no pasó a mayores o si no que lean algunos párrafos de las grandes crisis sociales en la historia de la humanidad.