En el Congreso se aprobó la ley de usurpaciones, que, en simple, busca castigar con cárcel el delito de usurpación, lo que en un principio es correcto porque necesariamente se debe castigar con todo el peso de la ley. Pero el problema viene con una indicación al estilo far west que es el concepto de la “legítima defensa privilegiada” donde, aquellos que son víctimas de este delito se puedan defender mediante el uso de armas y permite defender a terceros desatando una polémica y que el Gobierno decidió vetar, incluso parte del Oficialismo irá al Tribunal Constitucional. Debe analizarse nuevamente este tipo de leyes, producto de inseguridades ocurridas en el sur y llegar a que uno mismo se defienda puede causar estragos. La indicación es altamente peligrosa.

Esta semana se aprobó gracias al fast track legislativo la ley de usurpaciones, un proyecto que propone endurecer las sanciones al delito de usurpaciones de propiedades, modificando el Código Penal y estableciendo penas privativas de libertad.

Aquí, uno de los principales cambios con la legislación actual es que, una vez más, se les entrega más atribuciones a Carabineros para detener a quienes ocupen ilegalmente propiedades de terceros. Por este lado está bien.

Dicha ley extiende el periodo de flagrancia de este delito y permite la restitución anticipada del inmueble tomado, se lleven a cabo las investigaciones penales o civiles respectivas.

Sin embargo, más allá de estas disposiciones, que también eran apoyadas por el Ejecutivo, el artículo más polémico es el que instaura la legítima defensa privilegiada. Aquí comienza, una vez más, el problema.

Este problema con la “legítima defensa privilegiada”, permite a quienes estén siendo víctimas del delito de usurpación defenderse mediante el uso de armamento contra los usurpadores, lo que se deduce que se emplea la fuerza, incluso que puede ser letal, con el fin de repeler un delito flagrante. Pero no solo eso, esta norma permite defender a terceros, lo que suma otro flanco para el Oficialismo, y aquí el Ejecutivo fue claro en que no lo promulgará.

“El gobierno no lo va a promulgar y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, fueron las palabras del Segpres Álvaro Elizalde y así fue, porque usará el veto presidencial por esta cuestionada indicación.

En la Oposición están molestos porque por ejemplo para el presidente del senado, Juan Antonio Coloma dice que, “nace del derecho a la defensa de las personas cuando el Estado no las defiende”, incluso desde la Sofo, a través de su presidente Roberto Heise dijo que, “no es necesario suponer escenarios peores que los que hemos vivido. Solo nos queda pedir a las autoridades de gobierno y oposición que las decisiones respecto de seguridad no sean politizadas ni utilizadas como monedas de cambio para otros fines. La politización de la seguridad y el centralismo ya han hecho mucho daño a las regiones”

El problema es que la “legítima defensa privilegiada” no es un respeto a la democracia, es una tipificación que debe ser modificada porque pasa, una vez más, el “populismo penal” está buscando arrasar a nivel país.

Es peligroso el nivel que se está tomando con este tipo de indicaciones. Cuidado, la idea es respetar el Estado de Derecho, pero no a cualquier precio.