Académicos e investigadores de la Universidad de Chile elaboraron un documento con pautas y principios para abordar los desafíos vinculados a catástrofes, de cara al proceso de redacción de la Carta Magna.

La experiencia de nuestro país frente al tema de los desastres de origen natural o provocados por el hombre, tanto en su impacto inmediato como en sus repercusiones, es amplia y variada. Desastres como, por ejemplo: terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios urbanos y forestales, accidentes químicos, deslizamientos, aludes, etc., son recurrentes en Chile y en nuestra región.

El ámbito de experiencia que se asocia al impacto inmediato, sea en pérdidas humanas como materiales, ha desarrollado en los chilenos la capacidad de sobreponerse a los innumerables eventos destructivos que han afectado a la nación durante toda su historia.

En esta materia y buscando ser un espacio de encuentro y debate de cara al proceso político por el que atraviesa el país, el Programa de Reducción de Riesgo de Desastres (Citrid) de la Universidad de Chile convocó a cabildos abiertos y cerrados para identificar los principios básicos de la gestión del riesgo que deben ser considerados en la nueva Constitución.

Tras meses de trabajo, y en el contexto de la conmemoración del primer terremoto registrado en la ciudad de Santiago el 13 de mayo de 1647, Citrid presentó el documento “Reducción del riesgo de desastres y nueva Constitución: Hacia una perspectiva pública y transdisciplinar”, como insumo que reúne propuestas desde una perspectiva académica.

En 2020, la Onemi dio a conocer la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y su Plan Estratégico Nacional hasta el 2030, donde se estipulan diversos principios para enfrentar este desafío. Sin embargo, para el coordinador de investigación transdisciplinaria de Citrid y académico U. de Chile, Gabriel Easton, “los hechos demuestran que el problema es mucho más amplio y requiere de un enfoque multidimensional y participativo. Las comunidades deberían tener mayor injerencia en las decisiones vinculantes en la gestión de su territorio, así como también, de los recursos”.

La apertura democrática que significa el proceso constituyente requiere de acuerdos para la construcción de un Estado fuerte y garante del bienestar de las personas en reconocimiento, resguardo y garantía de los DD.HH.. En este escenario, desde la casa de estudios presentaron principios que pueden ayudar a redactar la nueva Constitución.

Entre ellos, se propone posicionar al Estado como garante de la vida y del bienestar, asegurando como Derechos Humanos fundamentales tanto la disponibilidad como el acceso a los recursos que permiten la vida humana y no humana.

Al mismo tiempo, se aboga por el fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana, de la gobernanza y la transparencia para la resiliencia. Con esto se busca consagrar espacios de participación vinculante donde la comunidad de cuenta, de manera directa, de sus necesidades, organice sus roles y demuestre su capacidad de resiliencia.

El documento también plantea la necesidad de adoptar el concepto de seguridad con enfoque de Derechos Humanos y desarrollo sostenible. Esto implica garantizar el derecho a habitar territorios seguros, mediante medidas de prevención, protección y rehabilitación sostenible ante desastres socionaturales. Para ello, se debe garantizar que se cuenta con la información apropiada y con los mecanismos de reconocimiento, clasificación y regulación de los terrenos aptos para la ocupación segura del territorio.

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