El miércoles, la mesa del Senado desestimó la solicitud de dos senadores para anular la votación en la que se rechazó consagrar al agua como bien de uso público en la Constitución.

El requerimiento había sido presentado por los senadores Carlos Bianchi (IND) y Yasna Provoste (DC), quienes acusaron que cuatro de sus pares que votaron el 7 de enero pasado tenían conflicto de intereses, en ese sentido, apuntaron específicamente que Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI), Manuel José Ossandón (RN) y Juan Castro (RN) no informaron que tenían derechos de agua antes de realizar la votación.

El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, explicó que el reclamo fue rechazado por realizarse fuera del plazo estipulado, ya que debió consignarse antes de dicha votación. Además, acusó de incongruencia en la petición, ya que inicialmente pidieron anular la votación y luego dejar sin efecto toda la sesión, que se efectuó hace casi 10 días.

Cuando la ciudadanía ha manifestado durante 90 días su malestar por el comportamiento de nuestra clase política por 30 años de acuerdos, confección de leyes y de permanente apoyo a manejos empresariales de los recursos que pertenecen a todos los chilenos, esta decisión constituye una verdadera bofetada a los chilenos, que hoy enfrentan el temor de quedarse sin el vital recurso.

La negativa a la solicitud de estos dos senadores para anular una votación que contó con el apoyo de cuatro senadores que emitieron su voto pese a que cuatro integrantes del Senado no se restaron pese al evidente conflicto de interés, confirma la queja de los chilenos, que hoy no confían en sus legisladores ni en quienes depositaron su confianza para dirigir al país. El jueves, la encuesta CEP informó que solo el 6 por ciento de los chilenos confían en los gobernantes, en sus legisladores y en los partidos políticos en general.

Sin duda, están las explicaciones en las normas que regulan las votaciones en la cámara alta, pero después de las manifestaciones, revueltas y hasta violentos enfrentamientos con la policía y que han terminado con olas de saqueos, no dan muestras de mayor interés en obrar con transparencia. Por el contrario. Este es un acto más de absoluto desinterés en la justicia social reclamada, respeto hacia los grandes temas que los chilenos exigen terminar con  las injusticias y las desigualdades que gran parte del país rechaza.

Cuando el país observa cómo somos bombardeados a través de la TV y los grandes consorcios periodísticos la supuesta preocupación de las figuras políticas que alzan histéricos sus voces para reclamar manifestarse sin violencia, los mismos que dicen representar y defender la democracia, pero que no trepidan en defenderse recurriendo a normativas que se interpretan más como escudos de protección de intereses poderosos, que mecanismos reguladores de un poder del Estado.