El martes de esta semana el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite constitucional la Ley de Transmisión, pero obligó a discutir importantes artículos en Comisión Mixta. Esto, producto de su desacuerdo con materias relacionadas con la intervención del bosque nativo y especies protegidas, la nula participación de la ciudadanía y fomento de las energías renovables no convencionales (ERNC) en la definición de los polos de desarrollo, y el uso de la fuerza pública para privilegiar las inversiones eléctricas.

Los fundamentos fueron entregados por un grupo transversal de diputados, quienes las emprendieron no solo contra los cambios que introdujo el Senado a la iniciativa originalmente aprobada por la Cámara Baja sino también contra la forma en que el ministro de Energía Máximo Pacheco ha llevado adelante el proceso. Fue así que manifestaron su rechazo los diputados Yasna Provoste (DC), Miguel Ángel Alvarado (PPD), Daniella Cicardini (PS), Ricardo Rincón (DC), Alberto Robles (PRSD), Alejandra Sepúlveda (independiente), Camila Vallejo (PC), Andrea Molina (UDI), Iván Flores (DC), Leonardo Soto (PS), Giorgio Jackson (independiente), Cristina Girardi (PPD) y Luis Lemus (PS).

Ante los planteamientos de los legisladores, Pacheco expresó que “la discusión de fondo es que hay gente, hay grupos, sectores, dirigentes, líderes, como quieran ponerle, que no creen en la hidroelectricidad y que no quieren hidroelectricidad para Chile, y piensan que Chile va a arreglar todos sus problemas de energía con el sol y el viento, y esa cuestión sería farrearse la hidroelectricidad, y yo creo que es muy importante que sinceremos esa discusión”. El problema de esta argumentación es que la hidroelectricidad sí está incluida entre las ERNC, en circunstancias que el cuestionamiento fundamental de la sociedad civil y la ciudadanía es a la escala de los proyectos y a que se avance en estos sin la participación de las propias comunidades. En este sentido, la crítica apunta a que se continúe con el modelo extractivista, impulsado por las grandes corporaciones propietarias de los derechos de agua, que ven a las regiones solo como despensas eléctricas y los ríos como máquinas hidráulicas.

La dura reacción del titular de Energía permitio evidenciar la intencion del gobierno de promover el desarrollo de grandes represas hidroelectricas en el centro y sur de Chile.

La aplanadora energética

Uno de los principales temas cuestionados fue el relativo a declaración de los polos de desarrollo. En el Senado se aprobó que estos fueran definidos centralizadamente, con evaluación ambiental estratégica (EAE) global y no por cada uno de los territorios eventualmente calificados bajo esta figura. Esto contradice el principio de participación ciudadana a nivel local y regional, y no respeta los principios esenciales de la EAE.

Además, se eliminó la referencia a que un 20 % de la energía generada debía provenir de ERNC. Esto, en particular, fue duramente cuestionado por los diputados, considerando que el propio ministro, cuando se aprobó en primer trámite el proyecto, aseguró que “el ministerio de Energía y el gobierno estamos en condiciones de tomar el compromiso de llevar esta propuesta al Senado, con el objeto de que allá se aumente ese porcentaje desde el 20 al 30 por ciento”. Sin embargo, el Ejecutivo no presentó indicación alguna en este sentido ante lo cual el proyecto regresó desde la Cámara Alta a la Baja con cero por ciento de ERNC, solo con una refencia a cumplir la legislación general vigente de contar en toda la matriz con un 20 % de renovables no convencionales al 2025.

Otro aspecto controversial es el que establece por ley que las nuevas obras de transmisión sean “imprescindibles” y de “interés nacional”, figuras bajo las cuales se podrían intervenir bosques nativos, incluyendo especies en peligro de extinción, vulnerables, raras e insuficientemente conocidas, que en la actualidad se encuentran protegidas por la Ley de Bosque Nativo. Hasta hoy dicha atribución la tiene Conaf, mientras que con este proyecto de ley se cercenan las facultades de dicha institución en la materia.

También concitó rechazo el concepto de incorporar “la consulta o participación” indígena, con lo cual se establece la posibilidad de que se motive una débil “participación” de los pueblos originarios en la definición preliminar de la franja, sin atenerse a lo que establece el artículo 169 de la OIT, que es la consulta indígena con procedimientos reglados a nivel internacional.

Y, por último, se cuestionó que para la realización de estudios y obras vinculadas con los trazados se haga referencia al artículo 67 de la Ley Eléctrica, lo que permitiría el uso de la fuerza pública contra campesinos, indígenas y propietarios agrícolas y turisticos, entre otros, en todo el país en la etapa temprana de realización de los estudios de franja.

A este abuso de la fuerza pública se suma el otorgamiento al inversionista eléctrico de la concesion definitiva por el solo ministerio de la ley, sin que haya cumplido los trámites a que obliga la normativa, todo con el objetivo de acelerar la instalación de proyectos de transmisión.