Diputados DC solicitaron a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto de la legalidad de las nuevas tablas de mortalidad, publicadas por la Superintendencia de Pensiones (SP) y la de Valores y Seguros (SVS), que aumentaron las expectativas de vida de las personas, disminuyendo, el año pasado, considerablemente la pensión al momento de jubilarse. De comprobarse la ilegalidad, el cálculo realizado por las AFPs podría revertirse, quedando sin efecto el cálculo que, a juicio de los diputados, “ha significado un injusto deterioro más para las exiguas pensiones que entrega el sistema”.

Cabe señalar que al momento de anunciarse el nuevo cálculo, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana planteó al Gobierno, en reunión con la Presidenta Bachelet, su preocupación por el efecto que tendrían estas tablas en el cálculo de las pensiones, solicitando que se revisara su aplicación. A ello, se agrega una solicitud de impugnación realizada hace más de seis meses, aún sin respuesta.

Según la normativa, que se dictó el 20 de noviembre de 2015 y entró en vigencia el 1 de julio de 2016, las expectativas de vida de las mujeres aumentó a 90.3 años y en el caso de los hombres establecen una longevidad de 85.24 años, provocando que las pensiones de quienes comenzaron a jubilarse desde el año pasado, en modalidad de retiro programado, disminuyeran en torno al 2.2% en el caso de las mujeres y en 2.1% en el caso de los hombres, mientras que en la modalidad de rentas vitalicias, la disminución sería de 2,3% para mujeres y 1,8% para los hombres.

Hoy, en la Contraloría, el diputado y jefe de bancada DC, Fuad Chahín, indicó que “nos hemos visto en la obligación de concurrir a la contraloría, para que sea esta quien se pronuncie respecto de la legalidad del aumento de las tablas de mortalidad. Nosotros creemos que aumentar de manera artificial las expectativas de vida y bajar las pensiones de los chilenos, nos parece que es un error y una injusticia enorme, por lo tanto, creemos fundamental que esas tablas de mortalidad puedan corregirse y declararse ilegales las resoluciones”.

Agregó que “nosotros impugnamos esta modificación el mismo mes que entro en vigencia (julio), y ya han pasado 6 meses y no hemos tenido respuestas”.

El parlamentario sostuvo que “hemos planteado que para evitar que la pensión autofinanciada o contribución se haga sólo hasta una edad razonable , 80 u 85 años, y que posterioridad esto se financie con un seguro de cuarta edad o de longevidad, justamente para poder evitar esta situación injusta. Las personas que fallecen antes o que tienen retiros programados dejan una tremenda herencia de sus fondos de pensiones, pero durante su vejez tuvieron que recibir pensiones miserables y por esos es que hemos planteado como alternativa, en el marco del cambio del sistema de pensiones, generar un seguro para que financie la sobrevida y que la tercera edad solamente sea financiada con las cotizaciones que hacen las personas durante su vida laboral”.

Por su parte, el diputado DC, Ricardo Rincón, sostuvo que “las superintendencias referidas (de pensiones y valores) están autorizadas y mandatadas por ley a evaluar las expectativas de vida, la ley no les impone, por tanto, una obligación de calcular tablas de mortalidad y expectativas de vida, menos para períodos de tiempos predeterminados, en este caso 6 años, lo que anticipa que dentro de ese tiempo, tendremos una nueva expectativa de vida, cayendo en el absurdo”.

El parlamentario agregó que “las expectativas de vida que se propusieron a fines del 2015 son de más de 90 años que en definitiva no han sido validadas e incluso contradichos por el INE e incluso por organizaciones internacionales como la OMS”.

Finalmente el diputado señaló que “ingresamos formalmente en julio el año pasado, oficios para impugnar esta decisión, y en seis meses, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de ninguna de las dos superintendencias. Por lo que acompañamos en esta oportunidad esos mismos documentos para presentarlos en la contraloría para que se pronuncie, no sólo por la no contestación y el retardo, si no que en definitiva, por la ilegalidad de estas tablas de mortalidad”.